TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
El presidente del Congreso y exdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, negó el pasado 13 de enero ante la jueza del Tribunal Séptimo Ingrid Vanessa Cifuentes que él diera la orden de que llegaran 100 agentes de Policía más al Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017. Así, achacó al entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la decisión de que se hicieran presentes esos policías “violentando toda la línea de mando” que rige en la PNC.
Por tanto, Ramos se eximió de toda responsabilidad, dado que, según detalló a la jueza, una vez que la PNC localizó y reconcentró a las y los adolescentes que habían huido ese día del Hogar Seguro, instruyó al entonces subdirector de Operaciones de la Policía, Erwin Mayén Véliz, para que “retire a los efectivos de los alrededores del inmueble y que, únicamente, deje en el lugar la presencia habitual de la policía en el perímetro para labores de protección”.
Concretamente, se refería a la presencia de ocho agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad de la PNC que realizaban patrullajes en el exterior del Hogar Seguro a raíz de un oficio que recibió la Secretaría de Bienestar Social el 10 de noviembre de 2016 por parte de la citada División dependiente del Ministerio de Gobernación. Desde esa fecha, se nombró a personal policial para brindar únicamente seguridad perimetral externa y en ningún caso en el interior del hogar de protección y abrigo, “es decir, en las afueras de las paredes”, tal como precisó Ramos, quien recordó que “todo el control de administración interno corresponde en este caso a la Secretaría de Bienestar Social (SBS)”.
Tras ser preguntado por el fiscal de Femicidio, Edgar Gómez, si la PNC contaba con instalaciones físicas en el Hogar Seguro, Ramos incidió en que la Policía “tenía prohibido ingresar” a ninguno de los centros de protección y abrigo, dado que “su labor era cuidar el perímetro externo de esos lugares y no era nuestra función estar en el interior”.
Sin embargo, lamentó que su orden no se hizo efectiva, después de que Jimmy Morales hablara por teléfono con el jefe de la Comisaría 13, Wilson Petronilo López Maldonado, a quien instruyó para que no solo no se fueran los agentes del Hogar Seguro, sino que llegaran 100 efectivos más.
Se da la circunstancia de que, en la madrugada del 8 de marzo, varios de estos policías entraron ilegalmente en las instalaciones y custodiaron a las 56 niñas y 43 niños encerrados bajo llave en un aula y en el auditorio, respectivamente. Una de estas agentes era la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín, a quien el MP acusa de tardar 9 minutos en abrir la puerta del aula que se estaba incendiando, lo que provocó la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15.
Ramos explicó que las leyes definen una jerarquía y una cadena de mando en la PNC y cuando ésta “se rompe de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo suceden este tipo de incidencias en las que el mando natural de la Policía desconoce y, en consecuencia, no puede intervenir para evitar y prevenir alguna disposición que pueda estar al margen de la ley o de las funciones propias de la PNC”.
Así, aseveró que “no es usual” lo que sucedió el 7 de marzo con la orden de Morales, dado que “para eso existe una línea de mando para que se respete y que cada funcionario, en su nivel de autoridad, asuma las responsabilidades o consecuencias que conlleven las decisiones que tome”.
La versión que dio Ramos se contradice con la que ofrecieron en su día distintos mandos policiales, entre ellos López Maldonado, quien declaró a la jueza que, tras recibir la orden de Morales, llamó al entonces director general de la PNC. Ramos le pidió que le diera un tiempo para confirmar dicha orden de Morales para que llegaran más agentes al Hogar Seguro, de modo que unos minutos después, volvió a llamar por teléfono al jefe de la Comisaría 13 para informarle que “efectivamente, el presidente me llamó y ha ordenado que se queden 100 policías ahí. No nos queda de otra porque es orden del presidente”, le dijo, según la declaración testimonial de López Maldonado.
De esta manera, de acuerdo a lo manifestado por el jefe de la Comisaría 13, Ramos le informó que él iba a coordinar con el jefe de Distrito Central de la PNC, Óscar Efraín Ajcalón y las demás comisarías de Ciudad de Guatemala para que pudieran llegar al Hogar Seguro los 100 agentes solicitados por Jimmy Morales. Inmediatamente, el entonces director general de la PNC notificó a Ajcalón sobre la orden del presidente.
Asimismo, Ramos también recibió una llamada telefónica de Mayén Véliz en la que éste le informaba de la contraorden de Morales de no solo no retirarse del Hogar Seguro, sino enviar a 100 agentes más. Según declaró el exsubdirector general de Operaciones de la PNC ante la jueza del Tribunal Séptimo, Nery Ramos le instruyó que se mandara el apoyo ordenado por el presidente para que “se brinde seguridad perimetral” en el Hogar Seguro.
PAPEL ACTIVO DE RAMOS
Estas declaraciones ponen de manifiesto el papel activo que tuvo Ramos a la hora de coordinar la orden de Jimmy Morales, de manera que no se habría limitado únicamente a ordenar la retirada de los agentes del Hogar Seguro, sino a dar cumplimiento a la instrucción del entonces mandatario de Guatemala para que llegaran 100 agentes más.
En su declaración testimonial ante la jueza, Nery Ramos recordó que el 7 de marzo de 2017 a las 15.00 horas, recibió una comunicación de Mayén Véliz informándole sobre el “abandono masivo” de niños, niñas y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En consecuencia, instruyó al entonces subdirector general de Operaciones que, “cumpliendo con las labores de protección que corresponde a la PNC, desplegaran a los efectivos necesarios en el área para la recuperación y protección de los menores de edad”.
“En la medida que los fueron recuperando en diferentes lugares del municipio de San José Pinula, los efectivos de Policía que fueron desplegados en el lugar fueron llevándolos frente al portón del Hogar Seguro y se encontraron con la sorpresa de que ninguno de los funcionarios encargados o responsables del Hogar quiso recibirlos”, señaló, al tiempo que recalcó que “bajo ninguna circunstancia la policía alentó el uso de fuerza” contra las y los adolescentes, cuya vida e integridad física estaban “en evidente riesgo”.
Así, indicó que, a horas de la noche, cuando ya habían distribuido alimentación a los menores que seguían en el portón, los funcionarios del Hogar Seguro “se resistían a darles ingreso”, por lo que las y los adolescentes “lanzaron en una actitud violenta piedras, cristales y un sinfín de objetos en contra de los efectivos de policía que se encontraban en el lugar cumpliendo funciones de protección”.
Ante tal situación, Ramos explicó que instruyó a Mayén Véliz para que plantearan una exhibición personal “en favor de la vida, integridad física y los derechos de los niños que se encontraban en el lugar”. Poco después, informaron a Ramos que se había hecho el requerimiento de ese mecanismo constitucional ante el Juzgado de San José Pinula, si bien “no habían tenido ninguna respuesta”.
“Bajo el entendido que no eran menores de edad en custodia, sino menores de edad en protección, le instruyo al subdirector de Operaciones que retire a los efectivos de policía de los alrededores del inmueble y que, únicamente, deje en el lugar la presencia habitual de la policía en el perímetro para labores de protección”, detalló Ramos, quien el mismo día 8 de marzo en una conferencia en el Palacio Nacional tras el incendio sí criminalizó a las víctimas. Aseguró que “el grupo de niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal sí eran las que habían generado el conflicto y agresiones en contra del personal del Hogar e incluso en contra de la autoridad policial”.
Tras recibir la orden de Ramos de que retirase a los policías, Mayén Véliz le confirmó que había girado esa instrucción al jefe de la Comisaría 13 que se encontraba en el lugar desde horas de la tarde en las labores de recuperación de los menores que habían huido del Hogar Seguro. Horas más tarde, Ramos aseguró que recibió una llamada telefónica de López Maldonado informándole que, al momento de retirar los efectivos de policía del Hogar, “una persona que se hacía llamar director o subdirector de la SBS le dio su teléfono y le indicó que el señor presidente de la República, Jimmy Morales, le estaba hablando”.
MÚLTIPLES LLAMADAS AL ASESOR CARLOS BELTETÓN
Concretamente, el dueño del teléfono era el asesor presidencial, Carlos Abel Beltetón, quien acudió al Hogar Seguro el 7 de marzo para oponerse a que se retirara la policía. En el momento en el que López Maldonado estaba informando a las autoridades de la SBS, PGN y PDH que los agentes de la PNC ya habían hecho su trabajo y que se iban a retirar, Beltetón le dio su teléfono y le informó que al otro lado de la línea se encontraba el presidente.
Beltetón fue una figura clave en todo lo que ocurrió, dado que fue la persona que informó al entonces mandatario del país de todo lo que estaba ocurriendo en el Hogar Seguro el 7 de marzo. Según un análisis intercomunicacional del MP, el exsecretario de la SBS Carlos Rodas se comunicó en 28 ocasiones vía telefónica con el asesor presidencial entre el 6 y el 8 de marzo de 2017: 9 llamadas salientes y 19 entrantes.
Por su parte, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS Anahy Keller se comunicó en 10 ocasiones con Beltetón en las mismas fechas: tres llamadas salientes y siete entrantes, tal como dio a conocer en la audiencia del juicio del pasado 20 de enero el analista de la Fiscalía Luis José Blanco, quien señaló que en su informe solicitado por el MP, no le aparece el número del expresidente de Guatemala Jimmy Morales, a través del cual se comunicó con Abel Beltetón.
Según la versión de Nery Ramos, el mandatario, a través del teléfono del asesor presidencial, ordenó al jefe de la Comisaría 13 que “bajo ninguna circunstancia debía retirar un solo efectivo de policía, incluso lo presionó y le dijo que los policías siempre que los llamaban nunca estaban y que cuando por fin estaban rápido se querían ir”. Por ello, insistió en que Morales le instruía como presidente de la República que “mantuviera a los efectivos en el lugar y que llevara otros 150 más”.
“Ante esa información, respetando naturalmente la autoridad del presidente, tomé la decisión de consultarle al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, que verificara si, en efecto, esa era la orden del presidente, dado que estaba violentando toda la línea de mando que rige todas las instituciones de seguridad”, explicó a la jueza el exdirector general de la PNC.
Tras hacer la verificación, Rivas telefoneó de vuelta a Ramos indicándole que, “en efecto, era la instrucción del presidente” la llegada de más policías al Hogar Seguro. Pese a ello, el exdirector de la PNC llamó a López Maldonado para reiterarle que “mantuviera el esquema de seguridad actual en el perímetro y que bajo ninguna circunstancia permitiera que un solo policía ingresara al interior de ese inmueble, dada la naturaleza de los menores que se encontraban en protección”.
Preguntado por el fiscal de Femicidio Edgar Gómez si mantuvo comunicación directa con Jimmy Morales, Ramos respondió que “ninguna”. Asimismo, cuestionado sobre si tuvo conocimiento por parte de López Maldonado de que se solicitó apoyo a las comisarías de Distrito para que nombraran personal de sexo masculino y femenino para hacer el relevo de policías en el Hogar Seguro, contestó que “esos detalles ya no llegan al conocimiento de un director general, sino que son circunstancias propias que se pueden resolver a nivel de la autoridad” que se quedó en el hogar.
En cuanto a lo sucedido el 8 de marzo, Ramos reveló que ese día llamó al jefe de la Comisaría 13 para pedirle un informe respecto al tema y, “en efecto, me indican que hubo un incendio, pero que él ya no tuvo conocimiento de esas circunstancias porque pasada la medianoche tuvo que irse a descansar y que, en su lugar, había dejado al subcomisario Luis Armando Pérez Borja”.
Sin embargo, esto también es falso, dado que López Maldonado no se fue a descansar, sino que a las 23.30 horas del 7 de marzo, por orden de Mayén Véliz, se retiró a la Subestación de la PNC de San José Pinula para redactar un informe circunstanciado de lo que había sucedido ese día.
Al día siguiente, Ramos preguntó a López Maldonado “si habían cumplido la orden de mantener el esquema de seguridad” y, según declaró el exdirector de la PNC a la jueza, López Maldonado “me lo afirmó y me lo contra afirmó”. Pese a ello, le pidió que se comunicara con el jefe que dejó a cargo del lugar, en referencia a Pérez Borja, y “me vuelve a llamar y me dice que se comunicó con el subcomisario y le confirmó que el esquema de seguridad de la Policía se había mantenido en el perímetro como era nuestra competencia”.
De este modo, señaló que no fue hasta que los equipos de policía de investigación criminal empiezan junto al MP a recabar información de las cámaras ubicadas en el Hogar Seguro que “se establece que hay presencia de la policía dentro del inmueble”. Tras enterarse de ello, Ramos cuestionó tanto al subdirector de Operaciones, como al jefe de la Comisaría 13 “y me siguen indicando que ellos jamás dieron esa orden”.
“AMENAZAS” A LUIS ARMANDO PÉREZ BORJA
No obstante, Ramos reveló que Mayén Véliz y López Maldonado siguieron indagando hasta que finalmente el subcomisario Pérez Borja “les dice que lo habían obligado a que ingresara a personal de la policía porque nadie del centro de protección quería hacerse cargo de los menores de edad y que lo amenazaron que tenía que hacerlo y, si no, lo sustituían” porque “ya se habían dado cuenta que el presidente de la República estaba enterado y que, si no lo hacía, que se despidiera de la PNC”.
Cuestionado por el fiscal si en algún momento se enteró o tuvo conocimiento de quiénes fueron las personas que obligaron a Pérez Borja a que ingresara la PNC al Hogar Seguro, el exdirector general de la policía contestó que “decidimos, en aras de mantener la integridad del proceso investigativo, que ya todos esos pormenores y esas circunstancias las recabara el MP”.
Gómez también quiso saber si, de acuerdo a la experiencia de Ramos como director general de la PNC se cumplieron los protocolos de seguridad. En esta línea, el actual presidente del Congreso respondió que “se cumplieron en cuanto a las directrices que se dieron y que fueron reiteradas, sin embargo, ya una decisión del mando en el lugar bajo circunstancias de intimidación estuvo fuera del alcance e incluso de la posibilidad de prevenir por parte del mando inmediato”.
En su declaración, Ramos tampoco aclaró, a preguntas del querellante adhesivo Edgar Pérez Archila (Bufete Jurídico de Derechos Humanos) si se enteró quién tenía la llave del candado de la puerta del aula donde se encerraron a las 56 niñas. “En aras de mantener la integridad, el orden y la imparcialidad del proceso investigativo tomamos la decisión de que sea el MP el que determine esas circunstancias”, reiteró.
A preguntas del abogado del director del Hogar Seguro, Santos Torres, el exdirector de la PNC desveló que el 8 de marzo, día del incendio, se apersonó en el Hogar Seguro “sobre las 10 o 10.30 horas e insistió en que tanto ese día como el anterior fue informado de lo que estaba ocurriendo tanto por Mayén Véliz, como por López Maldonado con quienes mantuvo comunicación.
Tras finalizar su declaración en el juicio, Ramos atendió a los medios de comunicación a quienes explicó que el Caso Hogar Seguro es “uno más” a los que ha tenido que acudir a testificar en el Organismo Judicial “en aras de contribuir a la averiguación de la verdad y el fortalecimiento de la justicia en nuestro país”.
“En este caso particular, recuerdo perfectamente que fui informado del abandono masivo de menores de edad que se encontraban en un hogar seguro en calidad de protección”, señaló, a la vez que insistió en que “la instrucción fue clara al subdirector general de Operaciones, Erwin Mayén Véliz para que desplegara los efectivos suficientes y garantizaran la vida y la integridad física de estos menores que habían abandonado el refugio”.
Ramos apuntó que, en horas de la tarde del 7 de marzo, fueron recuperados la mayoría de adolescentes y los agentes intentaron entregárselos a las autoridades del Hogar Seguro, que “rechazaron recibirlos y así empezó una serie de dificultades para que los menores de edad pudieran finalmente hacer su ingreso al Hogar Seguro”.
“PROTECCIÓN PERIMETRAL Y NO INTERNA”
A horas de la noche, según indicó, instruyó a Mayén Véliz para que “retirara los efectivos de la policía que habían participado en ese proceso de recuperación de menores, sin embargo, el mando que se encontraba en el lugar, Wilson Petronilo López Maldonado, recibió una llamada a través de un funcionario de la Secretaría por parte del presidente ordenándole que mantuviera el esquema de seguridad en el lugar”.
“Al ser informado yo sobre esa llamada, tomé la decisión de llamarle al ministro de Gobernación para verificar si, en efecto, se trataba de una llamada del señor presidente. Luego él me devuelve la llamada y me confirma que, en efecto, es una orden”, explicó.
A pesar de esa orden de Jimmy Morales, Ramos remarcó que en todo momento enfatizó al comisario López Maldonado que “mantuviera en todo caso el esquema de seguridad perimetral absolutamente claro”, teniendo en cuenta que a la Policía, de acuerdo a sus competencias, “no le correspondía en este caso la protección interna de los menores de edad, sino la protección perimetral del inmueble para evitar que pudiese ingresar alguna amenaza o alguna acción que pusiera en riesgo la vida o la integridad física de los menores”.
“Desconozco en horas de la mañana cuáles fueron las circunstancias que conllevó a que el mando que el comisario Petronilo deja a cargo después de irse a descansar (en referencia a Luis Armando Pérez Borja) ingresara algunos efectivos de policía (en el Hogar Seguro) por una decisión propia que luego nos enteramos que fue a raíz de amenazas hacia él, incluso de perder su trabajo en la PNC si no lo hacía”, detalló. No obstante, aclaró que, en su calidad de director general de la PNC, “no tuvo conocimiento” de esas circunstancias.
Ramos explicó que cuando llamó a Francisco Rivas para preguntarle si el presidente Jimmy Morales le había dado alguna orden, “él indicó que no”. El director general señaló al entonces ministro de Gobernación que tampoco había recibido ninguna orden, si bien le reveló que “a través de un funcionario de la Secretaría que se encontraba en el lugar, le pusieron al teléfono al comisario Petronilo con el presidente”. Por este motivo, decidió llamar a Rivas para “verificar y tener la certeza” de que la llegada de los 100 agentes de la PNC al Hogar se trataba de una orden del presidente “y no de cualquier persona haciéndose pasar” por el mandatario.
Todo ello a pesar de que, según recordó Ramos, “no es usual recibir una orden de una autoridad superior hacia un mando que se encuentra en el lugar de los hechos porque por esa razón la ley de la PNC establece una línea de mando que en este caso no se respetó”.
“A sabiendas que la orden que se estaba dando no estaba dentro del marco de la ley de la PNC y de lo que establece la Constitución de la República de no obedecer órdenes manifiestamente ilegales, tomé una decisión personal de ratificar mi orden inicial de que se mantuviera en todo caso el esquema de seguridad perimetral externo y bajo ninguna circunstancia, porque no es función de la PNC, el ingreso o custodia de estos menores que se encontraban en calidad de protección y refugio”, resaltó.
Preguntado sobre cómo valora que Morales diera la orden de que llegaran al Hogar Seguro 100 efectivos de la PNC, el presidente del Congreso aseveró que “desconozco cuáles hayan sido sus intenciones”, si bien incidió en que en su calidad de director de la Policía “sabía que violentaba la línea de mando de la PNC”.
Finalmente, cuestionado sobre si mantuvo alguna comunicación con el entonces presidente tras conocerse la cifra de víctimas mortales del incendio, respondió que ya no hubo ninguna reunión al respecto, porque el MP “empezó a realizar la investigación correspondiente y era necesario mantener la integridad, la objetividad y la imparcialidad de este proceso”.