Por Mariela Castañón
En los últimos casi tres años de pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró el nacimiento de 257,209 bebés, quienes se han enfrentado a un sistema de salud colapsado que afecta su desarrollo integral y vulnera sus derechos.
Aún en el vientre de su madre, las y los niños se han enfrentado a la disminución en la atención prenatal, y cuando nacen han surgido otros inconvenientes para la aplicación de vacunas y controles en su salud, según Haroldo Oquendo, representante legal de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil (Conacmi).
Entre enero de 2020 y octubre de 2022, el MSPAS registró el nacimiento de: 128,350 niñas y 128,859 niños. Sin embargo, este número podría representar un subregistro, porque según Oquendo, existe otro porcentaje de partos, principalmente en la pandemia, que fueron atendidos por las comadronas, que eran buscadas por las mujeres embarazadas que evitaban visitar los hospitales.
En noviembre de 2021, Nuestras Historias publicó el reportaje “Mujeres embarazadas, desprotegidas en la pandemia de COVID-19”, donde se expusieron los casos de tres madres en Quetzaltenango, una de ellas dijo que dio a luz a su bebé en un parto domiciliar y atendido por una comadrona. La otra joven, en estado de gestación dijo que deseaba que ella y su bebé fueran atendidos por una comadrona, para evitar el contagio de COVID-19. Mientras que la tercera indicó que ella y su familia pagarían la atención en un hospital privado porque su parto podría representar alto riego como el anterior.
El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), explicó en ese reportaje que, en algunos departamentos, incrementó la atención del parto por parte de comadronas. El año pasado se estimaba, por ejemplo, que en Quetzaltenango esta atención había pasado de un 17% a un 45%.
Desde el año 2020, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), advertía que las mujeres embarazadas y los bebés nacidos en la pandemia de COVID-19 se enfrentarían a unos sistemas de salud sobrecargados y a interrupciones en los servicios.
Unicef instaba a la inversión urgente para la capacitación adecuada de los trabajadores sanitarios que debían disponer de las medicinas necesarias para garantizar que cada madre y recién nacido recibieran los cuidados de “unas manos seguras” que evitaran y trataran las complicaciones que pudieran surgir durante el embarazo, el parto o el nacimiento.
En Guatemala, el MSPAS admitió que el principal desafío fue el incremento de los casos de COVID-19 y la pandemia generó el cierre de las consultas externas y con ello se limitó la posibilidad de atención prenatal y postnatal de forma fluida, aunque se continuó dando el servicio en los puestos y centros de salud.
“La mayoría de los hospitales implementó clínicas de atención para embarazos de alto riesgo. Los embarazos que no tenían complicación fueron atendidos en centros y puestos de salud”, expresó el MSPAS a través de su departamento de Relaciones Públicas.
Inmunización y atención en desnutrición
Los desafíos no han sido únicamente en la atención prenatal, a estos se suman otros relacionados con las muertes maternas y neonatales. Por otro lado, la inscripción en el Registro Nacional de las Personas (Renap), la aplicación de vacunas para la niñez y el acceso a programas para atender la desnutrición, según el representante legal de Conacmi.
“El primer año de pandemia fue terrible, porque los chicos presentaban polio, sarampión y otras -enfermedades-, puesto que hubo un alejamiento completo de los grupos familiares para llevar a los niños, además que los hospitales estaban cerrados y dedicados solo a atender COVID”, explica Oquendo.
En julio de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef revelaron que hubo un mayor descenso de vacunación de la infancia de los últimos 15 años, “esta caída de la cobertura significa que, en América Latina y El Caribe, hay 2.4 millones de niños y niñas que no han recibido las tres dosis que necesitan para protegerse de la difteria, el tétano, y la tos ferina (DTP3): 400 mil más que en 2019 y 1.7 millones más que en 2005”.
De acuerdo con Unicef, esa disminución fue acentuada por las medidas tomadas para contener la pandemia de COVID-19, la reasignación de personal de inmunización de rutina para la vacunación contra COVID-19, un incremento en la desinformación y al aumento de niños y niñas que viven en situaciones de conflicto y contextos frágiles. Aunado a las barreras para la vacunación que existían antes de la pandemia y aún siguen sin resolver, incluso han empeorado.
El Ministerio fue consultado por los cuestionamientos por la falta de acceso a las vacunas y a los programas de atención en desnutrición para la niñez, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Legislación, pero persiste la vulneración de derechos
A pesar de que el Estado de Guatemala desde hace décadas, ratificó la Convención de los Derechos del Niño y posteriormente aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, sigue sin asegurar la salud, el cuidado y la protección para la niñez, como se evidenció en la pandemia de COVID-19.
El Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, indica literalmente en el numeral 3: “Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.
Para Oquendo, el representante legal de Conacmi, varios derechos de la niñez fueron vulnerados por el Estado de Guatemala. En el caso de las y los bebés, el principal derecho fue el acceso a la salud. En la actualidad, reitera Oquendo, este Ministerio debe procurar la inversión y “ser un garante básico para recuperar lo que se perdió” para proteger a la primera infancia.
