TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal desestimó la denuncia interpuesta el 6 de septiembre de 2019 por un trabajador del Estado, llamado Ludwig Jacob Sandoval, auxiliado por el abogado Bayron Franco Alvarado, contra las 15 niñas sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a las que acusaba de 19 delitos, entre ellos, asesinato, al responsabilizarlas del incendio que acabó con la vida de otras 41 menores el 8 de marzo de 2017.
Fuentes del Ministerio Público han confirmado a Nuestras Historias que, tras realizar la investigación pertinente en seguimiento de la citada denuncia y efectuar varias diligencias, finalmente la mencionada Fiscalía dio en agosto de 2022 salida procesal del expediente en favor de las 15 niñas, quienes a su vez figuran como víctimas en la investigación realizada por la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio contra 12 funcionarios públicos, 8 de los cuales enfrentan debate oral y público desde el pasado 10 de enero en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
Si la denuncia hubiera prosperado, las 15 sobrevivientes se hubiesen podido enfrentar a una pena máxima de 152 años de cárcel, a pesar de que fueron víctimas de un encierro ilegal en un aula del Hogar Seguro, donde no les permitieron salir al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, lo que provocó que una de ellas incendiara con un fósforo una de las 23 colchonetas que les dieron para dormir.
Concretamente, Sandoval las acusaba de asesinato (prisión de 25 a 50 años); lesiones gravísimas (de 3 a 10 años); lesiones graves (de 2 a 8 años); lesiones leves (de 6 meses a 3 años); atentado (de 1 a 3 años); inducción al abandono del hogar (de 6 meses a 2 años); amenazas (de s6 meses a 3 años); hurto (de 1 a 6 años); hurto agravado (de 2 a 10 años); robo (de 3 a 12 años); robo agravado (de 6 a 15 años); daño (de 6 meses a 2 años); daño agravado (una tercera parte más de la pena por daño); incendio (de 2 a 8 años); incendio agravado (de 4 a 12 años); desobediencia (de 1 a 3 años); desorden público (de 6 meses a un 1 año); instigación a delinquir (de 1 a 4 años) y muchedumbre (no lleva aparejada una pena).
El objetivo de esta denuncia, que finalmente se ha desestimado, era tergiversar los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017 cuando las 56 niñas, de acuerdo a la investigación, fueron maltratadas, encerradas y custodiadas de manera ilegal y las dejaron morir quemadas y asfixiadas en el aula donde se originó el incendio, después de que no las dejaran ir al baño y cuyo candado, según el MP, no se abrió por parte de la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, hasta pasados nueve minutos del inicio de las llamas.
Sin embargo, Sandoval hacía responsables a las propias jóvenes de la muerte de sus 41 compañeras obviando en todo momento que ellas estaban encerradas contra su voluntad y que, según la Fiscalía, sufrieron malos tratos por parte de los agentes de la PNC que las custodiaron durante horas en el portón del Hogar Seguro después de que intentaran huir el día anterior de los abusos sexuales, vejaciones, hacinamiento y comida en mal estado que denunciaban sufrir en ese hogar de protección y abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
RELACIÓN DEL DENUNCIANTE CON SANTOS TORRES
Se da la circunstancia de que la persona que quería criminalizar a las 15 niñas víctimas de la tragedia estaba relacionada con uno de los doce procesados en el caso, concretamente, con el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres. A él, Sandoval le llega a agradecer como padrino académico en su tesis de graduación publicada en julio de 2012 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos.
Concretamente, el denunciante dedicó su tesis “a mis padrinos: doctor Virgilio Zapata Arceyuz y licenciado Santos Torres Ramírez, a quienes debo lo que ahora tengo. Con cariño y humildad”.
Tras la polémica que surgió al conocerse la citada denuncia contra las sobrevivientes del incendio, Sandoval Jerez acudió el 25 de octubre de 2019 a la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal para negar que él la hubiera presentado.
“Me extraña que se haya usado mi nombre para interponer dicha denuncia en virtud de que no tengo interés alguno de afectar o beneficiar a nadie por lo cual quiero dejar bien claro que yo no he interpuesto denuncia alguna contra las niñas y desconozco quién pudo haber realizado la firma que calza en la denuncia presentada”, manifestó en su día Sandoval, quien, además de trabajar en la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura, también laboró en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).
Específicamente, su denuncia exponía que tuvo conocimiento de que el 7 y 8 de marzo de 2017 ocurrieron “actos ilegales” dentro del Hogar Seguro: “El acto inicial fue un desorden violento que había sido planificado con anterioridad” por parte de una de las 15 niñas sobrevivientes de la que llegaba a citar su nombre.
“Derivado de dicho desorden provocaron daños a las instalaciones, daños a muebles públicos y privados, hurtos, robos, amenazas y lesiones”, proseguía. En su relato, aseguraba que la PNC localiza a las menores y las reconcentra en un dormitorio provisional. En ese lugar, “la persona líder planifica y en acuerdo y apoyo de las demás personas denunciadas procede a prenderle fuego de forma perversa y premeditada a las colchonetas con el fin de eliminar físicamente a algunas de sus compañeras teniendo como resultado del incendio a 41 personas fallecidas y 15 lesionadas incluyendo a la líder”.
Sandoval cuestionaba que las niñas no hubieran sido procesadas por el intento de fuga “violenta” del Hogar Seguro y argumentaba que “toda persona está sujeta a la ley y jamás es superior a ella”.
En su denuncia, Sandoval daba sin pruebas el nombre de una de las niñas a la que acusaba de ser “la líder de los disturbios violentos que se realizaron el 7 y 8 de marzo en el Hogar Seguro y es la autora material” de los citados 19 delitos, de los que también acusaba a las otras 14 sobrevivientes.
Ludwig Jacob Sandoval Jerez no se conformó con denunciar a las 15 sobrevivientes, sino que también incluyó en una segunda denuncia a los tres fiscales de Femicidio que han llevado el caso: Edgar Oswaldo Gómez, Marlon Orlando Ordóñez y Cristian René Ramos, a quienes acusaba de los delitos de abuso de autoridad (de 3 a 6 años de prisión), obstaculización a la acción penal (de 3 a 6 años), retardo de justicia (de 2 a 4 años) y denegación de justicia (de 3 a 8 años). En este caso, la denuncia fue tramitada por la Fiscalía de Asuntos Internos, que también la desestimó en 2022.
NIÑAS Y FAMILIAS CRIMINALIZADAS EN EL JUICIO
Pese a que su denuncia contra las sobrevivientes fue desestimada, durante el debate oral y público está habiendo varios intentos por parte de algunos abogados de los procesados e incluso de algún sindicado de criminalizarlas acusando de la tragedia a la niña que inició el incendio, con el fin de eximir de cualquier responsabilidad penal a las autoridades de la SBS, Hogar Seguro, PGN, PDH y PNC.
Este fue el caso de Miguel Ángel Osorio, abogado del exsecretario de la SBS, Carlos Rodas, quien en sus alegatos de apertura recalcó que las declaraciones testimoniales de las sobrevivientes en calidad de anticipo de prueba son “muy claras” en el sentido de que “todas las menores de edad y víctimas en el presente proceso penal son contestas en señalar en primer término a la persona que inició el fuego y no es ninguna de las personas procesadas y mucho menos Rodas”.
“¿Por qué se excluyó por parte de la Fiscalía la responsabilidad penal de esas personas? No lo sabemos”, se preguntó el letrado, quien reiteró que todas las niñas que declararon ante el juez contralor indicaron “quién o quiénes fueron las responsables de iniciar el fuego”, por lo que la jueza de sentencia penal “sacará claramente sus propias conclusiones de lo que yo le estoy aseverando cuando se reproduzca esa declaración tomada en anticipo de prueba”.
“Usted escuchará quién encendió el fuego y no fue ninguna de las personas que están en esta sala de audiencias, sino que fue ocasionado por una misma persona que estaba dentro de ese lugar”, insistió Osorio, dirigiéndose a la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes.
Por su parte, Roberto Antonio Figueroa, abogado de la exjefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro, Brenda Chamán, recordó que el fiscal “indicó que una menor de edad, para llamar la atención, prendió e hizo fuego a una colchoneta y ahí fue donde surgió la crisis: el incendio”.
En este sentido, apuntó que se debe tomar en cuenta que el derecho penal es “personal y la persona menor de edad o mayor de edad que cometió este hecho también debe ser responsable por sus acciones”. Así, se preguntó “cómo es posible que mi patrocinada pueda responder por una acción que ella cometió”, en referencia a la niña que provocó el incendio, quien, a juicio del letrado, “debe responder” ante la justicia y “no mi patrocinada que no es responsable de estos hechos”.
Cabe recordar que Chamán está acusada de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas.
Figueroa incidió en que “lo que sucedió, en síntesis y en pocas palabras, es que una niña adolescente hizo un incendio en dicho lugar donde estaban encerradas y no podemos asumir esa responsabilidad para otra persona”, si bien obvió mencionar la responsabilidad de Chamán a la hora de seleccionar el aula de pedagogía en la que se encerrarían bajo llave a las 56 niñas en protección y abrigo.
“MAL CUIDADO Y FALTA DE ATENCIÓN”
La defensa técnica de Chamán también responsabilizó a las familias por el hecho de que las niñas estuvieran en protección y abrigo en el Hogar Seguro: “en este caso, dichas menores son llevadas a dicho lugar por el descuido de sus padres o madres o alguna otra problemática que desconocemos y que deviene del mal cuidado y falta de atención”.
“Por lo cual, también está ahí la responsabilidad de los padres, ya que si fueran buenos, no estuvieran los niños y adolescentes ahí, sino que estarían en su hogar”, defendió Figueroa, quien llegó a decir que, tras verificar los expedientes de cada menor, “muchas veces hay una audiencia respectiva en los Juzgados de Niñez y Adolescencia en la que se quiere restituir al menor a su hogar y muchos veces ni los propios padres lo recibían”.
Además, el abogado de la psicóloga Brenda Chamán lamentó que “a muchos de estos niños, niñas y adolescentes raras veces los llegaban a visitar sus padres y no tenían el apoyo de la familia y me da pena decirlo porque yo soy padre y no quisiera que mis hijos estuvieran en esta situación”.
Figueroa también se refirió a los argumentos de la defensa de las víctimas, según los cuales, los niños tenían sufrimiento y les daban comida en mal estado en el Hogar Seguro: “yo como padre responsable, voy al juzgado y veo cómo puedo retirar a mi hijo de ahí y me lo llevo a casa. No lo voy a dejar ahí sufriendo malos tratos y mala comida, sino que me lo llevo a mi casa de alguna u otra forma”, obviando que eso es totalmente ilegal, dado que los adolescentes están en protección y abrigo bajo orden judicial.
Mientras, Víctor Pérez, abogado del exjefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, recalcó que su cliente no puede ser condenado por el delito de homicidio culposo, teniendo en cuenta que “en repetidas ocasiones se indicó que el incendio fue ocasionado, derivado de que una de las adolescentes encendió un fósforo dentro del cuarto donde las tenían y es extremadamente notorio que el hecho de que las adolescentes fallecieran ese día fue ocasionado por el incendio”.
Así, incidió en que Flores “no tuvo ningún tipo de participación en ese aspecto, por lo que es imposible que sea condenado por ese delito, toda vez que no se va a presentar ninguna prueba.
No obstante, Luis Fernando Ruiz Ramírez, letrado del subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja, aseguró que él no va a caer en una situación en la que diga que “los niños o los padres son culpables” de que los menores estuvieran institucionalizados, dado que “no puedo hacer eso, porque yo no lo viví y no se ve uno en unos zapatos de un padre con esa angustia de tener un hijo ahí y primero Dios ni lo vamos a ver ni lo vamos a padecer”.
“LO QUE DEMANDABAN ERA AMOR”
Por su parte, durante su declaración ante la jueza de Sentencia Penal, Carlos Rodas también criminalizó a los menores que abandonaron el Hogar Seguro el 7 de marzo y que, posteriormente, fueron recapturados por la PNC y encerrados tras permanecer nueve horas en el portón de las instalaciones: en el caso de las chicas, fueron confinadas en un aula del área de pedagogía, mientras que los chicos en el auditorio.
Rodas relató que cuando llegó el 7 de marzo al Hogar Seguro a las 16.30 horas aproximadamente, “el ambiente del lugar era aún bastante desordenado y violento porque nos tiraban piedras, pedazos de vidrio, astillas, pedazos de piso cerámico”. Mientras, indicó que “en ningún momento” observó que la policía reaccionara “en forma violenta, al contrario, de una forma muy pasiva, muy paciente, muy madura y profesional”.
Llegó a tachar de “enérgicos o fogosos” a los adolescentes al haber tirado la comida a la policía y a las autoridades de la SBS cuando estaban reconcentrados en las afueras del hogar al pensar que los alimentos “contenían algún tipo de sustancia que era para tranquilizarlos”.
“Se dieron altercados y los mismos adolescentes se autolesionaban los brazos con pedazos de vidrio”, denunció, al tiempo que apuntó que los jóvenes llegaron a “obstaculizar” un vehículo, al tiempo que “tres tripulantes de un tuc-tuc fueron agredidos”, mientras que la policía “en ningún momento actuó reprimiendo”.
Finalmente, indicó que “no había demandas concretas” por parte de las y los adolescentes, pero “como profesional puedo afirmar que lo que demandaban era amor de su familia y no lo tenían”. En ese sentido, reveló que “buena parte de los adolescentes que ya habían cumplido con su proceso de protección en el Hogar Seguro, no fueron admitidos de regreso en sus hogares por múltiples causas y de esa cuenta estaban aún” en las instalaciones de la SBS.
ACUSAN DE FALSO TESTIMONIO A UN FAMILIAR
Durante el debate oral y público, también se intentó criminalizar a Emigdio Marroquín, tío de una de las 41 niñas fallecidas en el incendio y que declaró como testigo a propuesta del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que representa a 13 víctimas de la tragedia.
Concretamente, Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, abogado de la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, solicitó a la jueza que “le certifique lo conducente al testigo por el delito de falso testimonio” por considerar que estaba “afirmando o falseando una información que no es cierta”.
Concretamente, el letrado se refirió a las declaraciones de Marroquín en las que, en respuesta a la abogada del Bufete Jurídico, Diana Elisabeth Méndez Vivar, reveló que su sobrina no tenía ningún tatuaje antes de entrar al Hogar Seguro, si bien “estando en el Hogar se había hecho las iniciales de dos letras de un sobrino en la mano”.
Posteriormente, el abogado le volvió a preguntar si su sobrina no tenía tatuajes, a lo que el testigo respondió que “así es”. De este modo, le cuestionó, si cuando acudió al INACIF para identificar el cuerpo de su sobrina, no le vio más tatuajes. En ese momento, Méndez Vivar objetó la pregunta porque “el testigo ya fue claro al relatar que antes de ingresar al Hogar, no tenía ningún tatuaje y que dentro del mismo se había realizado unos tatuajes”.
La jueza declaró con lugar la objeción, dado que “el testigo ya dijo que no tenía tatuajes, pero posteriormente, sí tenía un tatuaje con las iniciales de un sobrino o familiar”.
Fue en ese momento cuando el letrado de Lucinda Marroquín solicitó que se certifique lo conducente al testigo por el delito de falso testimonio, teniendo en cuenta que el informe del INACIF, con fecha 6 de abril de 2017, contempla que la adolescente, que tenía 14 años, contaba con “tatuajes en miembros superiores con el nombre y unos eslabones de cadena”.
Así, dijo que, si Marroquín “tuvo a la vista el cuerpo y tuvo conocimiento previo al hecho cometido, tuvo que haberse percatado de esas circunstancias”, de manera que dejó a criterio de la juzgadora que se tome como un “delito flagrante” la declaración del testigo en la que negó que la adolescente tuviera tatuajes antes de ingresar al Hogar Seguro.
A este respecto, la jueza recordó que aún no tiene a la vista los peritajes que se realizaron a las niñas fallecidas para poder analizarlos y, una vez lo haga, tendrá presente la petición del abogado de la subinspectora para que en su “oportunidad procesal oportuna”, cuando ya emita su resolución, determine si Marroquín cometió o no un delito de falso testimonio durante su declaración efectuada el pasado 20 de febrero.
Por su parte, en su interrogatorio, el abogado de Carlos Rodas hizo la siguiente pregunta a Emigdio Marroquín: “usted dijo que espera que se haga justicia y ¿eso quiere decir que se haga justicia en relación a quien provocó el incendio?”. De este modo, volvió a referirse a la niña que incendió la colchoneta. “Sí, porque a eso es a lo que queremos llegar”, respondió el tío de una de las víctimas.
“POR QUÉ ESTOY VIVA”
Mientras, las abogadas que representan a las víctimas recuerdan los informes clínicos de evaluación realizados a las niñas sobrevivientes. Méndez Vivar se refirió a un extracto de uno de ellos en los que la psicóloga que atendió a la niña indica que “expresa con claridad y con una sensación de devastación que no hay futuro, relata sus profundos deseos de morir y se pregunta repetidamente por qué estoy viva y para qué estoy viva”.
Así, el informe detalla que “su aspecto físico y las amputaciones” producto de las quemaduras son un “permanente recordatorio de dolor y desesperanza”.
La abogada Juanita Licely Pérez también se refirió a una entrevista contenida dentro del informe psicosocial realizado a una de las niñas sobrevivientes, quien reveló que “con las que murieron nos contábamos los sueños que queríamos ser de grandes. Rosemary deseaba ser veterinaria, otra amiga quería ser bombero y ahora ya no están”.
Este 8 de marzo se cumplen 7 años de la tragedia y las familias y varias sobrevivientes tienen previsto realizar un acto de recuerdo a partir de las 08.30 horas en el antiguo Hogar Seguro, situado en la aldea el Platanar de San José Pinula, donde actualmente se ubica el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (CEJUDEP), también conocido como Casa Intermedia. Fuentes del Gobierno indican que acudirá al mismo el Subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la SBS, Carlos Menchú.
Posteriormente, y por primera vez desde la tragedia, un presidente de Guatemala, en este caso, Bernardo Arévalo, acompañado de la vicepresidenta, Karin Herrera y la Primera Dama, recibirán a las familias y a las niñas sobrevivientes en un evento que se celebrará a partir de las 12.00 horas frente al Palacio Nacional y en el que está previsto que una madre de las víctimas haga unas declaraciones en nombre de las familias.
KARIN HERRERA ESPERA QUE LLEGUE LA JUSTICIA
Este jueves, la vicepresidenta, Karin Herrera, asistió a la vigilia que se celebró en el altar en homenaje a las 41 niñas fallecidas, ubicado en la Plaza Central frente al Palacio Nacional y que ha sido destruido en varias ocasiones en los últimos años. En 2019, entonces ministro de Cultura, Elder Súchite Vargas, incluso ordenó retirar las 41 cruces, bajo la justificación de que el parque no era “cementerio”.
Herrera ha participado incluso en el encendido de las velas en el altar en el marco de una ceremonia para recordar, según señaló una mujer que lideraba el acto, que las 41 niñas “fueron quemadas vivas en un hogar donde se les tenía que resguardar y cuidar y hoy siete años después honramos su memoria, su legado y ante todo tenemos la certeza de que estos años en búsqueda de la justicia han sido para que este tipo de tragedias y femicidios no se vuelvan a repetir ni en Guatemala ni en ni ningún lugar del mundo”.
Mientras “encendían la luz”, pidieron por la niñez y por la vida de las mujeres, al tiempo que corearon lemas ante la presencia de la vicepresidenta como ‘No fue el fuego, fue el Estado’, ‘No eran calladitas, eso no les gustó, exigieron sus derechos y el Estado las quemó’. Herrera incluso ha llegado a corear con el resto de mujeres que ‘las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan’ y ‘a las mujeres no se violan, no se tocan, no se queman, no se matan’.
A continuación, Rosa Gallardo, impulsora del altar y encargada de su mantenimiento, aseguró que el altar “da la bienvenida” a la vicepresidenta, si bien le advirtió de que este lugar sagrado “se abre no para un show político, sino para un compromiso”, por lo que hizo un llamado “a la conciencia y a su gabinete para que usted también se comprometa con esas madres que lloran a sus hijas que fueron secuestradas prácticamente en las calles por la PGN y llevadas a un hogar donde se suponía que iban a ser educadas y resguardadas”.
“No queremos perdón, sino justicia porque ese es el caminar de las madres que perdieron a sus hijas”, recalcó Gallardo, quien pidió que el expresidente de Guatemala Jimmy Morales “vaya también a tribunales porque él tiene que estar ahí”.
Finalmente, avisó a la vicepresidenta “vamos a ser vigilantes, porque no solo son las 41 niñas, sino que son miles de niñas que han sido violadas, torturadas y obligadas a parir hijos a la edad de diez u once años y eso no puede continuar”, por lo que exigió “reformas y una educación integral para un desarrollo que garantice el crecimiento y la vida de estas niñas”.
Por su parte, Herrera lamentó que el incendio del Hogar Seguro fue una noticia “de esas que uno no espera recibir ni que se den en el país” y recordó que “ninguna persona, sea hombre o mujer sin importar de dónde viene y su condición se merece morir y sufrir de esa manera”. Al mismo tiempo, dijo que comprende “todo el dolor” de las familias y “su lucha en busca de la justicia”.
Tras asegurar que “no es fácil procesar una situación como ésas”, anunció que como Gobierno “daremos seguimiento en la parte que nos corresponde” y esperó que el resto de organismos, que son “independientes entre sí, haga la parte que le corresponde para que la justicia llegue a las familias” de las 56 víctimas.
