TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
El nombre del expresidente de Guatemala Jimmy Morales salió a relucir en el juicio contra ocho funcionarios acusados de la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrido el 8 de marzo de 2017. Fue mencionado por Ada Kelli Alfaro, madre de una de las 15 sobrevivientes que compareció el pasado martes en calidad de testigo a propuesta del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que representa a 13 víctimas de la tragedia.
Concretamente, Alfaro relató cómo después de la tragedia, cuando 22 niñas se debatían entre la vida y la muerte en los hospitales, Morales se reunió con tres madres en el Hospital General San Juan de Dios, incluida ella. Aunque no recuerda si el encuentro fue el 8 o el 9 de marzo, sí le quedaron grabadas las palabras del entonces mandatario: “nos dijo que él nos iba a ayudar y proporcionar lo que fuéramos a necesitar, aún así fuera una aspirina”. Sin embargo, Alfaro denunció que “no nos dieron ni siquiera la aspirina y mucho menos otras cosas más caras que tuve que comprar”, como las dos cremas semanales para curar las quemaduras de su hija o el traje especial que tuvo que adquirir para oprimir el cuerpo de la niña, con el fin de alisar la piel calcinada.
Por medio de las redes sociales, se intentó obtener comunicación con el expresidente Morales, para conocer su postura sobre la declaración de la madre de la niña, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
Ésta fue la primera vez desde que iniciara el juicio el pasado 10 de enero que comparecía una familiar de una víctima. En su declaración, lamentó que los últimos casi siete años desde que se produjo el incendio, ha sido un proceso “muy desgastante” en el que ha llegado a sentir que “ni la vida de las niñas fallecidas, ni de las sobrevivientes vale la pena y como que importa muy poco, debido a tanto retraso y tanta suspensión”. Por ello, pidió a la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, que “haga justicia y que sea justa por las 41 fallecidas y las 15 sobrevivientes que están luchando día con día contra la discriminación de la gente, debido a su cuerpo”. En este sentido, recalcó que diariamente, “batallan en las calles pasando humillaciones de mucha gente por el hecho de verlas como están” con quemaduras. “Han sufrido mucho”, incidió.
Durante la décima sesión del juicio, Alfaro relató, a preguntas del abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Edgar Fernando Pérez Archila, que su hija, entonces de 13 años, ingresó en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 19 de septiembre de 2016, después de que un Juzgado de Villa Nueva resolviera internarla en esta institución de protección y abrigo gestionada por la Secretaría de Bienestar Social. Todo ello después de que ella presentara una denuncia en el sistema de Alerta Alba-Keneth por la desaparición de la menor. Según detalló, se encontraba desde hacía ocho horas en paradero desconocido tras fugarse de su casa junto a una amiga de la escuela con la que estudiaba sexto primaria y quien “la manipuló para que no regresara”, a pesar de que en casa “no sufría ningún maltrato”.
“Cuando ella me llamó porque quería regresar, debido a que extrañaba estar en casa con sus tres hermanos, yo la llevé a la Policía para quitar la denuncia y de allí los agentes la trasladaron a la PGN en zona 1 de Ciudad de Guatemala, donde estuvimos de ocho a diez horas y, después, nos trasladaron al Juzgado de Villa Nueva, donde se celebró una audiencia para decidir qué iban a hacer con ella”, indicó.
En esa audiencia que finalizó a las cuatro de la madrugada, según detalló, la jueza resolvió que la niña se iba al Hogar Seguro, al considerar que la madre, que estaba viuda y que debía trabajar “muy duro” para mantener a sus cuatro hijos, “no daba abasto para cuidarla”. Asimismo, la jueza justificó su decisión de institucionalizar a la menor al considerar que ésta “necesitaba ayuda psicológica, debido a que no había superado aún la muerte de su papá”.
Alfaro, quien negó que su hija perteneciera a alguna pandilla, reconoció que ella estuvo de acuerdo en que ingresara en el Hogar Seguro, teniendo en cuenta que “me dijeron que ahí iba a tener psicólogos y médicos y que le iban a dar cursos de repostería y maquillaje y muchas cosas más”. De este modo, aseguró que ella pensó en el “bienestar emocional” de su hija, por lo que accedió a que se fuera al Hogar Seguro para que “le ayudara un psicólogo a poder sobrellevar la muerte” de su padre, dado que “es muy difícil que una entidad pública le atiendan a una y dan citas de hasta seis meses”.
“MALOS TRATOS Y COMIDA CRUDA”
Sin embargo, lamentó que cuando iba a visitarla una vez por semana los domingos, su hija le confesaba que no estaba contenta en esta institución por los “malos tratos” que le daban, dado que las niñas que se portaban mal “las pegaban y las castigaban”, mientras que la comida estaba “cruda y no era para humanos”, por lo que deseaba regresar a su casa. “¿Cómo era posible que un lugar donde supuestamente la iban a cuidar y ayudar a superar lo del papá se estaba convirtiendo en algo difícil de sobrellevar?”, se preguntó.
Su hija le contó en la primera visita que le hizo que el día que la trasladaron al Hogar Seguro por orden judicial, fue el “momento más vergonzoso de su vida”, dado que nada más ingresar, tuvo que quitarse la ropa, incluida la interior, y tras revisarle todo el cabello, “la obligaron a hacer sentadillas desnuda para ver si llevaba algo escondido en sus partes íntimas”.
Además, Alfaro indicó que otro día que fue a visitarla, la encontró con “las costillas golpeadas porque le habían pegado y le dolía”, mientras que también tenía el “cuello lastimado”, dado que, según le confesó la niña, una compañera “la había querido ahorcar”.
Ante estas circunstancias, la madre acudió a un Juzgado de Niñez y Adolescencia de Villa Nueva para que le atendieran los jueces a quienes quería pedir que sacaran “inmediatamente” a su hija del Hogar Seguro. Sin embargo, “me decían que estaban ocupados y siempre había una excusa”, por lo que, pese a que fue “muchas veces”, nunca la atendieron para poder poner su “queja” de los malos tratos que recibía su hija. Finalmente, en febrero le fijaron una audiencia para el 20 de marzo de 2017, lo que provocó que su hija estuviera “muy feliz” ante la posibilidad de abandonar el Hogar Seguro, donde decía que “no era vida” la que llevaba en esa institución.
Sin embargo, nunca acudió a su cita tras los hechos suscitados el 7 y 8 de marzo de ese año cuando las 56 niñas huyeron del Hogar y, posteriormente, fueron encerradas bajo llave en un aula, donde un incendio acabó con la vida de 41 de ellas y dejó heridas graves a otras 15, incluida la hija de Ada Kelli Alfaro.
Según relató a la jueza, el 7 de marzo se enteró de lo que estaba pasando en el Hogar a través de Noti7 cuando llegó de trabajar, si bien reconoció que en las imágenes no pudo reconocer a su hija entre las niñas que estaban a las afueras de esa institución. Debido a que era muy tarde, no pudo viajar a San José Pinula para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo cuando las 56 niñas fueron reconcentradas en el portón del Hogar y custodiadas por agentes de la Policía Nacional Civil antes de ser reingresadas de nuevo en la madrugada.
Al despertar al día siguiente, vio en las noticias que “todo estaba ya controlado”, por lo que su hermana le recomendó que se fuera a trabajar porque todo estaba en orden, teniendo en cuenta que aún no se había producido el fatal incendio. Poco después, cuando ya había acontecido la tragedia, una vecina acudió a su casa para avisarle a su hijo de 16 años que mirara las noticias, porque había niñas quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Inmediatamente, el adolescente llamó a su madre al trabajo para contarle que el Hogar donde estaba su hermana se estaba quemando y que ya había 19 niñas fallecidas, mientras que al resto las estaban llevando a los hospitales. De forma inmediata, Alfaro dejó su trabajo y se dirigió a la aldea El Platanar de San José Pinula, donde se ubicaba el Hogar Seguro y a donde llegó a las 11.00 horas de la mañana.
NADIE LE DABA INFORMACIÓN DE SU HIJA
“Cuando llegué era un caos con policías, ambulancias y medios de comunicación. Yo empecé a tocar la puerta para que me dieran información y una persona que estaba atendiendo me dijo que esperara porque no había información de nada, por lo que yo le pregunté que cómo no va a tenerla si ustedes tenían a mi hija acá”, detalló Alfaro a la jueza. Así, reconoció entre lágrimas que era “frustrante” que no le dieran información, porque ya había niñas muertas y ella necesitaba saber de su hija, pero no le ponían atención.
Incluso se abocó a los Bomberos para preguntarles si alguna niña entre las heridas había dado su nombre, mientras que también preguntó a los medios de comunicación, porque necesitaba saber dónde estaba su hija y si estaba “viva o muerta”, pero “nadie me decía nada y era algo inhumano para nosotras las madres, porque tendría que haber habido alguien que nos diera información”.
Alfaro permaneció en el Hogar Seguro hasta las seis menos cuarto de la tarde, hasta que consiguió entrar a unas oficinas junto a otras madres que también buscaban a sus hijas. Las personas que la atendieron, según explicó, le dijeron que no sabían si su hija estaba entre las fallecidas, las trasladadas al hospital o las desaparecidas. “¿Cómo puede ser posible que no tengan información de dónde están las niñas si ustedes las tenían y las encerraron ahí y tendrían que saber dónde están?”, les recriminó.
Lo único que le respondieron fue que fuera a buscarla en los hospitales y que, si no la encontraba, fuera “a la morgue”. “Creo que era lo último que quería escuchar”, recalcó Alfaro, quien regresó a la capital para acudir ese mismo 8 de marzo a los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, aunque no pudo encontrar a su hija.
“Fue lo más traumático que viví en mi vida, porque fue horrible entrar a las emergencias y a los intensivos a ver a cada una de las niñas y sentir el olor y ver que sus cuerpos no resistían”, lamentó, al tiempo que señaló que tuvo que entrar varias veces para poder verlas y lograr encontrar a su hija, si bien ese día no pudo hallarla.
“Ninguna de las niñas merecía estar así, porque se les caía el pelo a pedazos y sus rostros”, rememoró. Ese 8 de marzo, ya no pudo seguir buscando en el San Juan de Dios porque le dijeron que ya era muy tarde y que regresara al día siguiente, por lo que se dirigió al Hospital Roosevelt, donde no pudo ingresar, dado que ya era medianoche y se tuvo que ir a su casa sin poder encontrar a su hija.
Al día siguiente, 9 de marzo, regresó al Roosevelt y entró a ver a las niñas heridas, si bien era “muy difícil” reconocerlas porque “todas estaban muy hinchadas”, por lo que no halló a su hija. A continuación, se dirigió al Hospital San Juan de Dios, donde las heridas se encontraban en el segundo nivel. A las 14.00 horas y sin ninguna ayuda psicológica, ni apoyo por parte del personal de la PGN, del Hogar Seguro o de algún funcionario del Estado, por fin la encontró y pudo reconocerla porque ella no tenía quemado su rostro, aunque tenía quemaduras “horribles en la espalda, su nariz, su brazo y oreja derecha”.
Alfaro recuerda que su hija fue una de las cuatro primeras niñas que fueron trasladadas a un Hospital de Texas a través de la ayuda brindada por Shriners, una organización especializada en atención a quemaduras en niños. Así, señaló que el día que llegaron los médicos de esa entidad al San Juan de Dios, ella los persiguió y “suplicó” para que, por favor, tomaran en cuenta a su hija, dado que sabía que en Guatemala “no me la van a salvar”.
A la tarde, la llamaron por teléfono desde la PGN para informarle de que su hija había sido una de las seleccionadas para irse a EEUU a tratarse las heridas, para lo cual se celebró una audiencia ante un juez de Niñez y Adolescencia, con el fin de que Alfaro firmara los permisos para poder sacar de Guatemala a la niña que en ese momento se encontraba en coma inducido.
Concretamente, la niña permaneció dos meses en EEUU y, durante ese tiempo, la PGN le suministraba información del estado de salud de su hija una vez por semana, a través del entonces director del Hospital San Juan de Dios, Edwin Bravo, quien le detalló que la niña fue sometida a varias cirugías reconstructivas para quitarle las quemaduras.
LA ESPOSA DE JIMMY MORALES RECIBIÓ A LA NIÑA
El día que la niña regresó a Guatemala, Alfaro recibió una llamada de la PGN para informarle que tenía que acudir a las oficinas centrales, donde le anunciaron que su hija volvía de EEUU y que ella podía ir a recibirla al aeropuerto. En un vehículo, junto a un psicólogo y una trabajadora social, se dirigió al aeródromo de La Aurora, si bien al llegar, las personas que la acompañaban se bajaron y la dejaron sola a la espera de que aterrizara el vuelo.
Tras pasar una hora en el interior del vehículo, le indicaron que no podía ir a recibir a su hija sin darle ningún motivo, si bien le anunciaron que, después, le iban a avisar dónde iba a estar. Caso contrario sucedió con otra niña herida del incendio que también regresó ese día de EEUU y que sí se pudo montar con sus padres en un vehículo de la PGN.
Finalmente, Alfaro sí pudo averiguar ese mismo día, con la ayuda de dos mujeres, llamadas Mayra Jiménez y Stef Arreaga, que a su hija la habían trasladado al Refugio de la Niñez, una organización no gubernamental que cuenta con un hogar de protección y abrigo, a donde acudió para estar cinco minutos con la niña a la que pudo abrazar y hablar con ella. “Fue hermoso y una emoción muy grande ver a mi hija nuevamente, pero a la vez triste, por ver cómo quedó con lesiones, aunque fue como si volviera a nacer”, subrayó.
En este sentido, detalló que la niña caminaba “muy lentamente”, estaba sin cabello y se sentaba “con dificultad”, por lo que ver su dolor en sus ojos y que su cuerpo no era el mismo “me causó tristeza al pensar qué iba a ser de ella al momento de salir a la calle”. Según reveló, en este breve encuentro, la menor le explicó que, cuando llegó al aeropuerto, la esposa del entonces presidente Jimmy Morales, Patricia Marroquín, le dijo que no iba a ver a su mamá “y no le dio ninguna otra explicación por más que mi hija le insistió”.
Una vez en Guatemala, la niña sobreviviente acudía a revisiones en la clínica de quemados del Hospital Roosevelt, donde comprobaban que los injertos de piel estuvieran bien. Sin embargo, Alfaro era la que se encargaba de hacerle las terapias en sus quemaduras haciéndole masajes diarios estirando la piel para que quedase lisa. “Me las tuve que ingeniar, porque no me dieron ningún tipo de curso ni libro para que yo pudiera hacer eso”, lamentó, al tiempo que destacó que sí le funcionó, hasta el punto de que los médicos le decían que podía enseñar a las madres de las otras 14 sobrevivientes.
Alfaro explicó que, para realizarle las tres terapias diarias, necesitaba dos cremas semanales que debía comprar con su propio dinero. Asimismo, debía comprar en la clínica de quemados del Hospital Roosevelt un traje especial de látex para las quemaduras que costaba 275 quetzales, a pesar de que ella se había quedado sin trabajo tras la tragedia.
Por ello, desveló que una periodista le sufragó estos gastos e incluso le ayudó con las terapias psicológicas, tanto a ella como a la niña, dado que, tras salir del Refugio de la Niñez, donde recibió asistencia psicológica y psiquiátrica a lo largo de los tres meses que permaneció en ese lugar, esta atención se derivó al Hospital San Juan de Dios por orden judicial. Sin embargo, a su hija no le gustaba acudir a las terapias en el hospital público, puesto que cada vez que iba, “había un psicólogo diferente y no le gustaba contar lo mismo todo el tiempo”.
Finalmente, gracias a la ayuda de la periodista, encontró un psicólogo especializado en traumas que la atendió una vez por semana durante cuatro meses y que le ayudó a salir adelante, superar las pesadillas y aceptarse a sí misma en el estado en el que quedó, así como a no tener “pensamientos dañinos”, dado que, según reconoció, la niña “ya no tenía deseos de vivir”. En su declaración ante la jueza, Alfaro criticó que las autoridades de la PGN “en ningún momento hacían nada” para ayudar a su hija, por lo que ya no confiaba en esta institución, teniendo en cuenta que fue la que “me la quitó y me la entregaron así”.
ABOGADOS DE LOS ACUSADOS CUESTIONAN A LA TESTIGO
A preguntas del abogado del exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, Alfaro recordó que, desde el 2018, su hija recibe la pensión vitalicia aprobada el 22 de agosto de ese año por el Congreso para las 15 niñas sobrevivientes, si bien señaló que desconoce a cuánto asciende el monto, dado que “solo ella lo sabe”. Concretamente, el Decreto 16-2018, que declara el 8 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, contempla una pensión vitalicia de 5.000 quetzales los primeros tres años y su equivalente al salario mínimo a partir del cuarto año en adelante.
Por su parte, Luis Fernando Ruíz, abogado del excomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja, se interesó por si la hija de Alfaro pertenecía a una pandilla, si tenía tatuajes o si tomaba bebidas alcohólicas o cualquier otra droga. Ella negó que formara parte de una mara, reveló que sí tenía un tatuaje “con las iniciales de sus hermanos y su papá” y respondió que ni bebía ni se drogaba.
Ruiz fue más allá al preguntarle si alguna autoridad de la PGN u otra institución le advirtió de que podía “caer en un delito” por no haber denunciado ante la Policía los malos tratos que la niña le confesó sufrir en el Hogar Seguro. Ello provocó que el abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos que la propuso como testigo objetara la pregunta al ser “totalmente impertinente” y recordó que Alfaro acudió al juicio para “prestar declaración y no para ser intimidada”.
Así, la jueza declaró con lugar la objeción, porque recordó que Ada Kelli ya manifestó haber acudido al Juzgado de Villa Nueva para informar lo que estaba sufriendo su hija y allí le señalaron una audiencia para el 20 de marzo de 2017, con el fin de revisar la situación de protección y abrigo.
El letrado de Luis Armando Pérez negó que su intención fuera intimidar a nadie y, en este sentido, aseguró que no quería “incomodar a la señora”, a lo que la jueza le recordó que la testigo está para “lograr la averiguación de la verdad sobre los hechos que estamos investigando”. Pese a ello, Ruiz volvió a preguntar si “en algún momento, autoridades del Hogar Seguro, PGN u otra autoridad le explicaba que tenía que presentar denuncias si estaba escuchando las quejas de su hija”, a lo que Alfaro respondió que no.
A continuación, le hizo varias preguntas Víctor Pérez, abogado del exprocurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores. Antes de formularlas, Pérez le expresó “como persona, hombre y cristiano” que lamenta “profundamente lo que ha pasado usted y las demás familias y víctimas mortales y no mortales de la tragedia”.
El abogado le preguntó si tenía conocimiento de alguna denuncia que se haya presentado en su contra por el maltrato hacia su hija, a lo que Alfaro señaló que no. Asimismo, le preguntó si posterior a la tragedia la niña se volvió a escapar de casa y Alfaro admitió que sí lo hizo una vez, debido a que “tenía problemas psiquiátricos, dado que cuando llegó el 8 de marzo, a ella se le vinieron todos los recuerdos y no supo manejar eso”.
Por último, Pérez preguntó a la testigo quién considera que tiene la culpa de lo que ocurrió a su hija, si bien el fiscal de Femicidio Edgar Gómez la objetó al señalar que es una pregunta “de criterio que no tiene nada que ver con la hipótesis o plataforma fáctica”. La jueza declaró con lugar la objeción y el abogado retiró la pregunta, si bien planteó su “protesta”, teniendo en cuenta que los abogados que le antecedieron “formularon innumerables preguntas de criterio”.
Por su parte, la abogada de quien fuera jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán, le preguntó cuál era el comportamiento de su hija en su hogar previo a que se fugara de casa: “era bueno y sigue siendo bueno”, zanjó Ada Kelli Alfaro.
