TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA

La subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) Lucinda Marroquín, acusada de tardar 9 minutos en abrir la puerta del aula incendiada del Hogar Seguro donde estaban encerradas 56 niñas, el 8 de marzo de 2017, recobró el pasado 14 de agosto su libertad, tras más de siete años en prisión preventiva, después de que la Sala Segunda de Apelaciones declarase con lugar el recurso de apelación presentado por la procesada en contra de la resolución dictada el pasado 30 de mayo por la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, quien resolvió que la acusada permaneciera en prisión preventiva por riesgo de obstaculización a la averiguación de la verdad.

El mismo día que se le notificó la puesta en libertad, Marroquín aseguró muy sonriente mientras esperaba el vehículo que la iba a trasladar por última vez a Mariscal Zavala que su excarcelación «es una bendición» y destacó el hecho de que va a poder estar con su «muchachita» a quien dejó sola siendo muy pequeña y que ahora ya es una adolescente, en referencia a su única hija.

La Sala Segunda considera «injusta» la prisión preventiva que viene padeciendo Marroquín, dado que los años que ha permanecido privada de libertad «supera una posible pena de cárcel», en caso de que fuera condenada por los delitos por los que está acusada: homicidio culposo (pena de cárcel de entre 3 y 8 años), lesiones culposas (de 3 meses a 2 años) y maltrato contra personas menores de edad (de 2 a 5 años), teniendo en cuenta que las personas condenadas «tienen derecho a promover incidentes de libertad anticipada por trabajo y buena conducta al llevar un porcentaje de la pena de prisión».

Por tanto, en el fallo se revoca la resolución de la jueza dejándola sin efectos legales y jurídicos, así como el auto de prisión preventiva dictado el 24 de junio de 2017 por el Juzgado Cuarto, al igual que sucedió con el subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja, quien también recuperó su libertad el pasado 17 de julio.

De este modo, se otorgaron a Marroquín varias medidas sustitutivas a la prisión, como la prohibición de salir de Guatemala, sin autorización de órgano competente y la prohibición de comunicarse con los sujetos procesales, testigos, acusados o peritos.  Asimismo, tiene la obligación de ir a poner su huella dactilar dentro del control biométrico en el MP una vez al mes empezando el 30 de septiembre hasta que finalice el proceso penal en su contra.

Por otro lado, la Sala Segunda envió un oficio al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal para que pusiera a disposición a Marroquín de este órgano de alzada en un plazo de dos horas, debiendo informar a la cárcel de Mariscal Zavala, tal como se hizo el pasado miércoles quedando en libertad de manera inmediata, tras haber permanecido recluida en esa prisión desde que fue detenida el 12 de junio de 2017 acusada de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas.

Este órgano sostiene que los más de siete años que Marroquín llevaba en prisión preventiva equivaldrían a una «pena anticipada», teniendo en cuenta que su situación jurídica «no se ha resuelto en un tiempo razonable, lo cual el Estado de Guatemala incumple con lo establecido en nuestra Carta Magna, así como convenios y tratados internacionales en los cuales se estableció que una persona que esté sujeta a proceso penal debe resolverse su situación jurídica en un plazo razonable, primordialmente si guardan prisión».

Asimismo, la Sala estima que han variado las circunstancias primitivas que originaron la prisión preventiva en contra de la acusada y que se han desvanecido los peligros procesales de riesgo de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad dictados el 24 de junio de 2017 por el entonces juez del Juzgado Cuarto Carlos Guerra.

Por otra parte, recuerda que, dentro de esta misma causa, existen otras personas procesadas que se encuentran ligadas por los mismos delitos que Marroquín y que ya se encuentran gozando del beneficio de medidas sustitutivas, refiriéndose a la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Anahy Keller, el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres, el exsecretario de la SBS Carlos Rodas, el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja, la exjefa del Departamento de Protección Contra el Maltrato en todas sus formas Brenda Chamán, la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH Gloria Castro y el exjefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN Harold Flores.

De esta manera, actualmente, ninguno de los 12 funcionarios acusados por esta tragedia en un hogar de protección y abrigo a cargo del Gobierno de Guatemala permanece en prisión preventiva, después de que en los últimos años, hayan sido excarceladas las ocho personas contra quienes habían dictado esta medida de coerción, mientras que otros cuatro siempre han gozado de arresto domiciliario.

En la audiencia del debate oral y público celebrada este 19 de agosto, la jueza del Tribunal Séptimo, Ingrid Vanessa Cifuentes, informó que aún no ha recibido la ejecutoria que ordenaba la puesta en libertad de la subinspectora de la PNC. No obstante, recordó a Marroquín que, en caso de incumplir las medidas sustitutivas dictadas por la Sala Segunda, perdería de nuevo su libertad. Pese a que no se lo solicitó la jueza, la subinspectora ya no se sentó con el resto de personas sindicadas, sino a la par de su abogado.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA CONTRA LUCINDA MARROQUÍN

Según la acusación de la Fiscalía, Marroquín llegó al Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017 a las 03.00 horas y en ese lugar, el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja le ordenó custodiar a un grupo de 56 adolescentes de sexo femenino que habían escapado del Hogar Seguro el día anterior huyendo de violaciones, abusos sexuales, maltrato, hacinamiento y comida en mal estado.

Tras ser recapturadas el mismo 7 de marzo por agentes de la Policía, las menores fueron encerradas bajo llave en la madrugada del 8 de marzo en una de las aulas de pedagogía del citado Hogar, donde fueron custodiadas de manera ilegal por policías, a pesar de que no tenían la facultad de entrar a las instalaciones que solo debían ser controladas por el personal de la Secretaría de Bienestar Social a cargo del Hogar Seguro. 

El fiscal de Femicidio, Edgar Gómez, apuntó en el juicio que inició en enero de este año y que aún continúa, que Marroquín quedó como «responsable» de la custodia de las adolescentes, derivado que le entregan las consignas y la llave del candado que aseguraba la puerta del aula «percatándose de las condiciones inhumanas en las que se encontraban las jóvenes en el interior de dicha aula, tales como un ambiente reducido, poca ventilación, sin salidas de emergencia, con 22 colchonetas de esponja para dormir y sin ningún tipo de abrigo». Concretamente, tenían menos de un metro cuadrado para cada una de ellas.

En un momento de la noche, las adolescentes encerradas pidieron ir al baño, si bien, según el fiscal, Marroquín «no atiende dicha necesidad humana violentando sus derechos fundamentales y provocando que alguna de las jóvenes fuera obligada a hacer sus necesidades biológicas en el interior del salón».

Asimismo, a las 08.45 horas del 8 de marzo y después de que las llevaran el desayuno en bandejas de duroport, las adolescentes volvieron a exigir ser llevadas al servicio sanitario para satisfacer sus necesidades biológicas, a lo que el personal de la PNC encabezado por la subinspectora Lucinda Marroquín «se niegan a llevarlas haciendo caso omiso, lo que provoca en las adolescentes una crisis».

IGNORÓ LOS GRITOS DE AUXILIO

En este sentido, el fiscal relató que «para llamar la atención y que fueran llevadas al baño, una de las adolescentes le prendió fuego a una de las 22 colchonetas que les dieron para dormir», lo que provocó un incendio y todas las adolescentes «gritaban pidiendo auxilio ante el inminente riesgo en el que se encontraban en el interior del aula».

«Gritaban hay humo, abran, hay fuego y, a pesar de esta situación, Lucinda como responsable y al mando del grupo de policías mujeres, imprudentemente persiste en ignorar el llamado de atención de las adolescentes, cuyos gritos de auxilio se agudizaban y, a pesar de ello, hace caso omiso abriendo la puerta nueve minutos después de iniciado el incendio y ante las evidentes llamas que salían por las ventanas del salón obviando con esto la ley de la Policía que obliga a proteger la vida y la integridad física de las personas», reprochó Gómez en su acusación.

Durante el juicio, han declarado en calidad de testigos protegidas varias agentes que acompañaban a Marroquín en la custodia a las menores que aseguraron que, pese a que advirtieron a su jefa de que las niñas se estaban quemando, la subinspectora ignoró sus llamados y se negó a abrir el candado de la puerta para liberarlas.

Cuando Lucinda Marroquín abrió la puerta con la llave que tenía en su poder, ya habían fallecido por inhalación de humo 17 adolescentes, mientras que otras dos murieron poco después en el área administrativa del Hogar Seguro. Por su parte, otras 22 jóvenes, de entre 13 y 17 años perecieron en los siguientes días por las quemaduras en los hospitales a los que fueron trasladadas, incluso algunas de ellas fueron llevadas a centros médicos de EEUU, país en el que aún permanecen tres de ellas recuperándose de las heridas. En total, murieron 41 niñas y otras 15 resultaron heridas graves, algunas de ellas sufrieron incluso amputaciones y daños psicológicos de por vida.

El fiscal recordó que todas las víctimas tenían un denominador común al ser adolescentes que se encontraban en un «estado de vulnerabilidad por ser institucionalizadas en un lugar de abrigo y protección» por orden de juez competente al haber sido vulnerados sus derechos en su núcleo familiar, de modo que ninguna de ellas se encontraba en conflicto con la ley penal puesto que no habían cometido ningún delito. 

La acusación del Ministerio Público denuncia que ninguna de las autoridades representadas (Secretaría de Bienestar Social (SBS), Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Policía Nacional Civil propiciaron ningún tipo de acción para reestablecer a las jóvenes en sus derechos, reubicarlas en otro hogar o presentarlas ante un juez competente para que resolviera si ingresaban en otra institución o si eran devueltas con sus familias.

Así, por estos hechos enfrentan juicio desde enero el exsecretario de la SBS Carlos Rodas, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la SBS Anahy Keller, el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres, el exjefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN Harold Flores, la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, la exjefa del Departamento Especial contra el maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán, el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja y la subinspectora Lucinda Marroquín. Los delitos que se investigan son homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Asimismo, a finales de agosto, está previsto que se celebre la Audiencia de Etapa Intermedia, previa a un posible juicio, contra la jueza de Paz de San José Pinula Rocío Murillo, el secretario de este juzgado, Rolando Romeo Miranda, la monitora del centro de detención de menores Gorriones Cruzy Flor de María López y la supervisora residencial del área Mi Hogar del Hogar Seguro, Ofelia María Pérez Campos. En este grupo, se sindican los delitos de maltrato contra personas menores de edad, prevaricato, homicidio culposo, lesiones culposas y falsedad ideológica.