TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
Las 56 niñas que abandonaron el Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017 lo hicieron impulsadas por los «malos tratos» que recibían en este lugar de protección y abrigo a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, así como por «la comida en mal estado» y la existencia de «insuficientes toallas sanitarias», tal como le explicó ese mismo día una portavoz de las adolescentes a la entonces subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahy Keller, ante la presencia de varias defensoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Así lo declararon el pasado 22 de agosto en calidad de testigos la exdefensora de las Personas Víctimas de Trata de la PDH Ana Lucía Peláez, la oficial de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la misma institución Patricia Cabrera y el auxiliar de Control Administrativo de la PDH Sender Andrés Escobar en una nueva jornada del juicio contra ocho funcionarios por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro, ocurrido el 8 de marzo de 2017.
Concretamente, Peláez señaló que cuando llegó al Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017, observó que había adolescentes mujeres y hombres manifestando sus «desacuerdos, como malos tratos, mala alimentación y que no tenían visita de sus familiares» a lo cual ella trató de «mediar» junto con Sender Escobar para «estabilizar la situación».
En ese momento, Keller indicó a la entonces defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, que había adolescentes varones del área de San Gabriel del Hogar Seguro que deseaban hablar con los representantes de la PDH, razón por la cual ingresaron a las instalaciones, donde los jóvenes «nos continúan manifestando que los hechos estaban pasando por los malos tratos y la mala alimentación».
Por su parte, Cabrera explicó que Keller es la única autoridad que se acercó a hablar con los defensores de la PDH para saber cómo estaba la situación, por lo que se le sugirió que pudiera dialogar con los adolescentes para escuchar sus demandas. Así, subrayó que la entonces subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS atendió la recomendación y planteó a los jóvenes que nombraran a un representante hombre y a una mujer para que planteasen sus necesidades y demandas que habían motivado que evadieran la residencia.
«Los niños se organizaron y plantearon sus demandas. Una de las niñas, a quien llamaban Melani, planteó que ellas no contaban con suficientes toallas sanitarias, que la comida estaba en mal estado y que sufrían maltrato por parte de los monitores y que por ellos se querían ir del Hogar», reveló Cabrera.
Posteriormente, un adolescente, llamado Emilio, planteó a Keller que se sentía «muy inconforme porque ahí les trataban mal, les insultaban y los discriminaban», si bien, según la entonces oficial de la Defensoría de Niñez y Adolescencia de la PDH «nunca indicaron quién» les daba esos malos tratos. Según apuntó, tanto las chicas como los chicos coincidieron en que sufrían maltrato en el Hogar Seguro y «eso ya consta en las supervisiones de la Defensoría de la Niñez» en las instalaciones del hogar y protección.
Tras escuchar sus reivindicaciones, Keller se comprometió a trasladarlas al secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, según recordó Cabrera, quien insistió en que las y los jóvenes querían que se cambiaran todas esas situaciones en las que estaban en el Hogar, porque «ya estaban cansados».
«YA NO AGUANTAMOS EL MALTRATO»
«La comida está shuca y ya no aguantamos el maltrato», gritaban las niñas que habían sido reconcentradas por los agentes de la PNC en el portón del Hogar, según indicó la oficial de la PDH, quien subrayó que durante el diálogo que mantuvieron con Keller «querían cambios para unas mejores condiciones».
Concretamente, insistieron en que «no tenían toallas sanitarias» para su menstruación, mientras que los niños denunciaban que les echaban cloro en la comida y que no tenían una alimentación que fuera «digna», porque estaba «en estado de descomposición en algún momento». Así, las adolescentes llegaron a decir que la comida que les suministraban en el Hogar Seguro «tenía gusanos». Por su parte, Sender Escobar recuerda que los adolescentes manifestaron que se querían retirar del Hogar por los «malos tratos» que sufrían.
Escobar, quien en 2017 trabajaba como auxiliar de Control Administrativo de la PDH, relató que el 7 de marzo de ese año, se alertó en un grupo institucional de whatsApp de unos «posibles disturbios» que se estaban dando en el Hogar Seguro. En ese momento, Gloria Castro informó que ya iba en camino, junto a Patricia Cabrera y solicitó apoyo del personal para que la pudiera acompañar.
A las 17.00 horas, Escobar llegó al Hogar Seguro, junto a Ana Lucía Peláez, donde observó que había muchos agentes de la PNC que permanecían como «seguridad perimetral» para evitar que varios adolescentes se dieran a la fuga. Ante este escenario, indicó que localizaron a un líder de los hombres y una de las mujeres, dado que «lo único que queríamos era que se calmara la situación y que se abstuvieran de seguir haciendo algún tipo de problema en las afueras del hogar».
Entre las labores que hizo la PDH ese día, subrayó que se coordinó para que se les brindara la cena a las adolescentes reconcentradas en el portón, que la terminaron lanzando ante el temor de que tuviera calmantes, al tiempo que se pidió a la PNC que «no se usara gas lacrimógeno ni gas pimienta si pensaban retomar el orden, en aras a los derechos que les asisten a los menores de edad».
A preguntas del fiscal de Femicidio Edgar Gómez, el auxiliar de la PDH detalló que cuando llegó al Hogar había un grupo de policías con equipo que le llaman «antimotín, que consiste en escudos, cascos y algún tipo de palo para contener manifestaciones» y, en este sentido, aseguró que «los escudos sí fueron utilizados para contener y evitar que los adolescentes se retiraran o les hicieran algún daño». Cuestionado sobre si sintió si la PNC usó gas pimienta o lacrimógeno contra los jóvenes, dijo no recordarlo, aunque «sí se le solicitó que no lo utilizara, sin embargo, posteriormente, me enteré en las noticias que sí hubo uso de gas pimienta».
ACTA PARA QUE LA PNC RETOME EL ORDEN
«Previamente a que la PNC retomó el control y logró dividir a hombres y mujeres, empecé a fraccionar un acta donde se narran los hechos y se establece qué tipos de decisiones se tomaron en algún momento», explicó Escobar, refiriéndose al documento firmado y sellado por todas las autoridades de la SBS (Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos Torres), PGN (Harold Flores), PNC (Luis Armando Pérez Borja) y PDH (Gloria Castro, Ana Lucía Peláez y Sender Escobar), que se empezó a elaborar a las 20.50 horas y en el que «se toma la decisión de retomar el orden por parte de la PNC, siempre resguardando la integridad de los adolescentes y no vulnerar los derechos de los mismos».
En esta acta, también se establece que el procurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, así como el director del Hogar Seguro, Santos Torres, «solicitan apoyo a PNC con elementos para resguardar el interior y exterior del Hogar Seguro», a pesar de que dentro de las instalaciones únicamente podía permanecer el personal de la SBS y no agentes policiales al tratarse de niños, niñas y adolescentes en protección y abrigo.
Otro de los puntos relevantes del documento señala que «siendo las 21.50 horas del 7 de marzo, se hace presente el comisario López Maldonado de la comisaría 13, quien indica que no pueden dejar personas de turno más de las que se tienen asignadas, ya que se descuidarían otras áreas; así como los elementos a utilizar serían aproximadamente 100 agentes repartidos en turnos. Posteriormente, el secretario de la SBS explica al comisario López Maldonado de la situación y del por qué solicita el apoyo».
El acta también da cuenta de que «en el interior del Hogar Seguro se sostiene una reunión con monitores y monitoras, quienes se niegan a recibir a los y las adolescentes que ocasionaron el conflicto por las amenazas recibidas, ya que sus vidas corren riesgo, así como los otros niños, niñas y adolescentes corren riesgo por las personas que ocasionaron los destrozos al interior».
Sender Escobar detalló que entre el personal que se oponía al reingreso de las adolescentes se encontraba la jefa del Departamento de Protección Contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán, al tiempo que recordó que Gloria Castro les indicó que podían colocar las denuncias donde corresponda para que la PDH pudiera instaurar una mesa técnica para ver qué solución se les podía dar, aunque los empleados insistieron en que «no estaban en la disposición de recibir de nuevo a los niños, niñas y adolescentes».
LA PDH SE RETIRA SIN SABER DÓNDE DORMIRÁN LAS ADOLESCENTES
Así, el informe indica que derivado del «conflicto» entre monitores y personal de la SBS, el personal de la PDH «toma la decisión de retirarse, ya que se cumplió con el procedimiento y esta situación está fuera del alcance de esta institución, por lo que se finaliza la presente siendo las 23.15 horas». En este sentido, Sender Escobar explicó a la jueza del Tribunal Séptimo, Ingrid Vanessa Cifuentes, que «cuando se tuvo el control y que ya no había más situaciones, nos retiramos alrededor de la medianoche por orden de superiores», en concreto, de la entonces procuradora adjunta II de la PDH, Hilda Morales.
Previo a retirarse, recordó que la PDH solicitó una exhibición personal para que la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, se constituyera al Hogar Seguro y determinara la situación de las y los adolescentes, si bien nunca se hizo presente.
Preguntado por el fiscal por qué razón fue él quien redactó el acta, Escobar explicó que su función en la PDH era «atender en muchas ocasiones casos urgentes», razón por la cual «tenía lapicero y un sobre con hojas para tomar nota por cualquier hecho que se estuviera dando». Por otra parte, recalcó que no hubo «ninguna coacción, ni presión» para que las autoridades de las diferentes instituciones firmaran el documento e incluso al final se leyó toda el acta y «todos estuvieron de acuerdo y no hubo ninguna objeción».
En este sentido, insistió en que «todas las autoridades que tenían toma de decisiones acordaron que la PNC era la que debía retomar el control con el personal necesario», lo que se tradujo en la entrada de agentes al interior del Hogar Seguro para custodiar a las adolescentes encerradas en un aula y a los adolescentes confinados en el auditorio. Así, indicó que «solicitamos apoyo al subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja», a pesar de que el comisario López Maldonado «indicó que no podía dejar muchos elementos de la PNC porque no contaban con los 100 agentes que pedían».
Preguntado por el fiscal si en las reuniones que la PDH mantuvo con las autoridades escuchó la propuesta de llevar a las adolescentes al área de pedagogía y a los adolescentes al auditorio, Escobar respondió que no, dado que «esa decisión fue tomada al momento que nosotros nos retiramos como institución a las 00.00 horas por órdenes superiores, dada la situación de conflicto y que los monitores no querían recibir a las adolescentes porque habían evadido proceso y tenían que presentarse ante un juez que ordenara nuevamente el reingreso». Por tanto, reconoció que cuando la PDH se retira del Hogar Seguro, «los niños, niñas y adolescentes se encontraban en las afueras bajo el resguardo de la SBS, PGN y PNC».
«ME RETIRÉ Y DESCONOZCO QUÉ PASÓ DESPUÉS»
Cuestionado sobre cuál fue la recomendación que hizo la PDH en cuanto al resguardo de las adolescentes, aseveró que Castro aconsejó que «era importante tomar en cuenta el interés superior del niño y que no se fuera a violentar ningún tipo de derechos a los adolescentes que se encontraban a las afueras del Hogar Seguro». Sin embargo, admitió que los cuatro representantes de la PDH abandonaron el lugar sin saber dónde iban a pernoctar las jóvenes a quienes dejaron en el portón rodeadas de agentes de Policía entendiendo que «ya se encontraba controlada la situación en ese momento». «Me retiré y desconozco qué pasó después y el lugar donde fueron resguardadas», zanjó.
Al día siguiente y una vez ocurrido el incendio, Escobar acudió junto a otros trabajadores de la PDH al Hogar Seguro, donde se limitaron a pedir apoyo con equipos de psicólogos para brindar atención a los adolescentes, al tiempo que se solicitó que los cuerpos de las niñas fallecidas «no fueran trasladados en las palanganas de las patrullas de la Policía a la morgue, sino a través de las ambulancias para evitar que fueran fotografiados en bolsas».
Preguntado por los abogados de Carlos Rodas y el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja si el 7 de marzo observó algún maltrato a las adolescentes, respondió que no lo recuerda, si bien consideró que «seguramente no hubo ningún tipo de violación a sus derechos humanos porque no lo hubiéramos dejado, ya que la PDH tiene como mandato la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia». De esta manera, recordó que en la PDH se iniciaron procesos administrativos en contra de los cuatro representantes de esta institución que acudieron el 7 de marzo al Hogar Seguro y en todos los casos se concluyó que «no hubo responsabilidad administrativa».
A continuación, declaró como testigo Ana Lucía Peláez, exdefensora de las Personas Víctimas de Trata, quien aclaró que el 7 de marzo acudió al Hogar Seguro de «manera voluntaria en calidad de apoyo», teniendo en cuenta que ella gozaba de un derecho a la lactancia materna y que ese día debía retirarse de sus labores a las 15.30 horas.
Según informó, llegó junto a Sender Escobar a las instalaciones del Hogar a las 17.15 horas, donde ya se encontraban sus compañeras Gloria Castro y Patricia Cabrera. En ese momento, pudo observar a dos adolescentes que estaban «alteradas» mientras que dos agentes de la PNC trataban de «calmarlas», por lo que Peláez pidió a las policías que actuaran siempre «bajo los protocolos establecidos para la niñez y adolescencia resguardando su integridad física».
LA PDH DENUNCIA LA «INACCIÓN» DE CARLOS RODAS
«En ese momento, seguimos tratando de mediar con los adolescentes para poder estabilizar porque había un desorden total y no había claridad de cuántos estaban dentro del hogar y cuántos había fuera del mismo», indicó. A las 19.00 horas, recordó que los representantes de la PDH intentaron mantener una reunión frente al portón con la PGN y la SBS, si bien criticó la «inacción» de Carlos Rodas, quien permanecía «en compañía de su seguridad personal sin emitir ningún tipo de orden o indicación para poder estabilizar y haber resguardado la integridad de los adolescentes».
De este modo, Peláez lamentó que el entonces secretario de Bienestar Social «no accede a la reunión» en la que la PDH le iba a recomendar que tomaran las decisiones «pertinentes para resguardar la integridad» de las adolescentes, en cumplimiento del mandato constitucional que tiene la institución de derechos humanos.
Posteriormente, a las 20.00 horas del 7 de marzo, según recordó, Keller anunció a Gloria Castro que los trabajadores del Hogar Seguro que se encontraban en el interior querían conversar con ella, por lo que la defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH ingresó junto a su compañera Patricia Cabrera para escuchar a los empleados, quien expresaron que también eran «víctimas de maltratos físicos y verbales por parte de las y los adolescentes». Asimismo, apuntó que también mostraron su «molestia» hacia el personal de la PDH porque «indicaban que nosotros habíamos referido que ellos eran los tratantes de los niños, niñas y adolescentes».
En este sentido, Peláez recordó que, en su calidad de defensora, interpuso en noviembre de 2016 una denuncia directa al fiscal de la Fiscalía Contra la Trata, Alexander Colop, ante la «posibilidad de trata de personas en el Hogar Seguro ante las constantes evasiones de las y los adolescentes», tal como había constatado en las supervisiones, donde tuvo la oportunidad de hablar de esta situación con Brenda Chamán. La defensora reveló que incluso remitió personalmente un correo electrónico a Colop para «agilizar la comunicación», si bien, hasta hoy, reconoció que no ha tenido respuesta concreta de qué sucedió con su denuncia.
Peláez lamentó que, en el transcurso de la reunión que mantuvieron a las 20.00 horas frente a las oficinas administrativas con los trabajadores del Hogar Seguro, «los ánimos estaban fuertes y el personal de la SBS estaba invadiendo nuestro espacio personal en un tono de voz fuerte y no de manera amable», dado que «no estaban de acuerdo que ingresaran nuevamente los adolescentes».
MÁS POLICÍAS POR INDICACIÓN DE UN ASESOR DE JIMMY MORALES
Asimismo, subrayó que «cuando estábamos en ese círculo, llega una persona que se identifica como asesor del presidente Jimmy Morales, de apellido Beltetón (Carlos Abel Belteltón), quien nos indica que el presidente tiene conocimiento de la situación y que la indicación que ha dado es enviar más elementos de la PNC y no brinda más información».
Al no llegar a ningún acuerdo con el personal del Hogar Seguro, señaló que las representantes de la PDH decidieron retirarse y salir de nuevo a la calle para «saber cómo continuaba la situación con los adolescentes a quienes logramos contabilizar y esto era importante porque no había claridad de cuántos habían evadido proceso: recuerdo que eran 43 hombres y 52 niñas».
Tras fraccionar la citada acta que Peláez también firmó y ver que la jueza de Paz no había llegado a realizar la exhibición personal, el personal de la PDH estaba consultando a las 23.00 horas a quién se podían comunicar dentro de la institución para saber qué acciones deberían de seguir «siempre atendiendo nuestro mandato constitucional». Así, desveló que ella era la única que tenía carga en el teléfono institucional, por lo que trató de comunicarse con la procuradora adjunta I y al ser imposible, se comunicó con la entonces procuradora adjunta II, Hilda Morales.
Durante la conversación que mantuvo con ella, Peláez le manifestó que la situación estaba «controlada», dado que ya se tenía un conteo de cuántos adolescentes estaban afuera y que ya no estaban «dispersos». Concretamente, la defensora de las Personas Víctimas de Trata informó a Morales que ya se encontraba el personal de la SBS y la PGN, que eran «los encargados de la atención de los adolescentes». Tras preguntarle a la procuradora adjunta II qué decisión tomar en ese momento, «ella me indica que nos retiremos en base a lo que le digo que ya estaba la SBS y la PGN».
Peláez precisó que en ningún momento da una instrucción a sus compañeros, sino que estaban todos juntos cuando ella realizó la llamada, porque iba como apoyo y no podía dar instrucción, dado que no era personal a su cargo y tenía la misma jerarquía que su compañera Gloria Castro. Por tanto, explicó que, una vez que firmaron la citada acta, se retiraron a las 00.00 horas del Hogar Seguro dejando a las y los adolescentes en el portón sin saber dónde iban a pasar la noche y bajo custodia policial. No obstante, recalcó que «cuando nos retiramos, estaban tranquilos haciendo bromas como cualquier adolescente cuando se juntan en grupo».
Preguntada por el fiscal si en algún momento las autoridades de la PGN o del Hogar Seguro les indicaron o consultaron sobre el hecho de resguardar a las niñas en un aula, Peláez respondió que «en ningún momento y aún si lo hubieran hecho, no era mi función porque la mía era emitir una opinión». De esta manera, incidió en que el personal de la PDH «no podía ordenar, sino únicamente sugerir y recomendar».
La defensora reiteró que su presencia en el Hogar Seguro el 7 de marzo fue de forma «voluntaria» porque tenía derecho a la lactancia, si bien insistió en que ella denunció antes la posibilidad de que hubiera trata de personas en el Hogar Seguro, dado que era parte de sus funciones. Por otro lado, recalcó que «en ningún momento» escuchó a Gloria Castro «sugerir algún lugar para ubicar a las adolescentes, al contrario, ella en una plática con Harold Flores le sugiere buscar otros albergues para reubicarlos».
Sin embargo, recordó que el entonces jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN le indicó que los hogares de protección estaban «sobre poblados» y que no podía comunicarse con personal del Consejo Nacional de Adopciones porque no había nadie de turno. A preguntas del fiscal, remarcó que ella nunca vio que la PNC usara una «fuerza excesiva, ni utilizara gas pimienta u otro tipo de armas para poder estabilizar a las adolescentes», aunque recordó que sí que llegaron policías «antimotines».
FUERZAS ESPECIALES CON ARMAS DE CHOQUES ELÉCTRICOS
Precisamente, la oficial de la Defensoría de Niñez y Adolescencia de la PDH Patricia Cabrera reveló a la jueza que el 7 de marzo, llegó al Hogar Seguro entre las 20.00 y las 20.30 horas un grupo de policías que en su distintivo de su camisa decía FEP (Fuerzas Especiales de la PNC), que están «preparados para responder ante cualquier adversidad y que tomaron las riendas del asunto con armas más especiales que dan choques eléctricos y las enseñaban al aire para replegar a los adolescentes al muro de entrada».
«No sé cuál era el alcance de esas armas que las he visto en las películas y si eran solo para intimidar, pero cuando los adolescentes vieron que los agentes oprimían un botón del aparato y salían chispas azules cambiaron su expresión, porque pasaron de estar con sonrisas y molestando a tener temor», detalló.
Según especificó, estos agentes fueron los encargados de dividir en dos grupos a las chicas y a los varones, mientras que Gloria Castro «les indicó que cuidaran de no lastimar a las niñas y los niños y que dejaran de enseñarles esas armas eléctricas porque era una presión o violencia psicológica y les causaba un daño emocional». En esta línea, remarcó que los policías acataron la recomendación de guardarlas tras así ordenarlo un jefe y se quedaron siempre «resguardando o tendiendo un cordón para que ningún adolescente pudiera evadir ese espacio en el que se encontraban».
Ante la petición de los adolescentes de no querer entrar nuevamente al Hogar Seguro, Cabrera afirmó que la PDH sugirió a Keller que identificara algún salón municipal en San José Pinula o fuera a hablar con las autoridades de la iglesia que siempre tiene salones para grandes eventos de la pastoral social y que «normalmente cuentan con literas y espacios para hombres y mujeres», de cara a trasladar a esos lugares a las y los adolescentes.
«Ella escuchó la petición y se la planteó al secretario de Bienestar Social, pero nuevamente regresó con nosotros, agradeció la sugerencia e indicó que ya se estaba elaborando un plan para poder atender la situación», detalló la oficial de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la PDH.
Cabrera explicó que llegó al Hogar Seguro el 7 de marzo a las 15.00 horas junto a Gloria Castro. Cuando estaban a un kilómetro de distancia, observaron a adolescentes hombres y mujeres que iban corriendo y detrás de ellos iban varias patrullas de la comisaría 13 de la PNC con agentes que llevaban en las palanganas de sus picop a varios adolescentes que traían grilletes en sus manos.
Ante tal situación, según apuntó, Castro «decide que debemos bajar de nuestro vehículo para abordarlos y hacer una intervención de protección, por lo que la entonces defensora de la Niñez y Adolescencia se quedó dialogando con la persona a cargo de los agentes de la PNC para solicitarles que les quitaran las esposas, porque, según les recordó, no estaban en conflicto con la ley penal, sino que se encontraban en protección y abrigo.
Mientras, Cabrera se dirigió detrás de unos agentes que ya habían detenido a varios adolescentes a quienes mantenían boca abajo en el suelo, por lo que se habían enlodado, dado que en los últimos días había llovido. Por ello, solicitó a los policías que «por favor, apliquen el protocolo que tiene la PNC en cuanto al trato que debe dársele a los niños, niñas y adolescentes».
Sin embargo, los agentes respondieron que se estaban portando «demasiado rebeldes y que los iban a llevar ante el juez» a lo que la defensora de la PDH les reiteró que ellos eran adolescentes que recibían protección, debido a que «sus derechos fueron vulnerados dentro de su hogar o en su comunidad y merecían un trato diferente y, aunque fueran en conflicto con la ley penal, ese no era el trato que se le da a un menor de edad». Finalmente, los agentes atendieron la recomendación y levantaron a los jóvenes del suelo para trasladarlos en los pickup al Hogar Seguro y escuchar la orientación que tenía su jefe.
Alrededor del Hogar, según recordó, se encontraban adolescentes que habían evadido la residencia «gritando y muy molestos diciendo que ahí les trataban mal, que los maltrataban y les daban comida sucia, tal como se constataba en las supervisiones que se venían haciendo en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia».
En esta línea, concretó que durante las visitas que hacía al Hogar Seguro, las niñas se quejaban «del trato de algunas monitoras, aunque nunca dijeron los nombres de ellas, porque ahí se decían sobrenombres o diminutivos y no recuerdo cuáles eran». Además, agregó que «también se quejaban de no tener suficientes colchonetas, no contar con agua tibia cuando el lugar es bastante helado y, sobre todo, su molestia era que la comida llegaba en muy mal estado». De esta manera, desveló que «ya había un expediente bastante extenso de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en varias épocas del Hogar Seguro».
Cabrera explicó que los representantes de la PDH estuvieron en el exterior del Hogar Seguro hasta las 23.45 horas, «momento en el que una de las autoridades de la PDH indicó que debíamos de retirarnos, ya que los niños y las niñas se encontraban siendo atendidos por los responsables de la niñez de la PGN y las autoridades de la SBS, que son los que saben cómo elaborar los programas y plan de atención para los adolescentes».
Previamente, a las 23.00 horas se solicitó a Gloria Castro que ingresara al Hogar porque un grupo de once trabajadores del Hogar Seguro le querían plantear que «no querían ahí a delincuentes, asesinos, pandilleros y extorsionistas», refiriéndose de manera «despectiva» a las y los adolescentes que se encontraban en el portón.
«Cuando dijeron eso, Castro les recordó que eso era una forma de criminalizar a los adolescentes, quienes estaban ahí para recibir protección y restituirles sus derechos», manifestó Cabrera, quien insistió en que la PDH abrió un procedimiento administrativo a las cuatro personas que acudieron al Hogar el 7 de marzo, así como a las veinte que fueron el 8 y «el resultado fue positivo indicando que como trabajadores cumplimos con el mandato del señor procurador».
