TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
Cuatro extrabajadoras del Hogar Seguro coincidieron en señalar las anomalías que sucedieron el 8 de marzo de 2017, dado que hasta ese día “nunca” se había encerrado bajo llave a las niñas que se encontraban en protección y abrigo por orden judicial, ni tampoco habían sido resguardadas por la Policía Nacional Civil en el interior de estas instalaciones gestionadas por la Secretaría de Bienestar Social.
Así lo indicaron quien fuera psicóloga del área de Princesas, Elsa Gabriela Sánchez Castillo, una educadora del área Mi Hogar, Aurora Elvira Teni Ramos, la encargada administrativa financiera Ana Elisabeth Orrego y la encargada de pedagogía del Hogar Seguro, Susan Gloriana Salazar Figueroa durante sus declaraciones testimoniales que ofrecieron el pasado 14 de octubre en el juicio en contra de ocho funcionarios por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del hogar de protección y abrigo.
La primera en declarar fue Elsa Gabriela Sánchez, quien durante cuatro años trabajó como psicóloga en el área de Princesas del Hogar Seguro, que acogía a niñas de entre ocho y doce años. Relató que cuando el 8 de marzo de 2017 llegó al Hogar a las 07.45 horas, la encargada del área de Princesas, Jazzmín Neal, le informó que estaban pidiendo apoyo porque las 56 niñas que estaban encerradas y bajo resguardo de la PNC necesitaban ir al baño y las trabajadoras del área Mi Hogar, que acogía a niñas de entre 13 y 17 años, “no querían dar apoyo porque tenían miedo al haber sido amenazadas el día anterior”.
“Las órdenes eran que fuéramos con dos agentes de la PNC para llevarlas al baño, por lo que nos dirigimos al área de la escuela y vemos que frente al aula donde estaban las chicas había 15 policías en línea observándolas”, explicó. Tras conseguir las llaves del baño, acompañó al servicio sanitario junto a dos agentes a una de las 56 niñas que estaba encerrada en el aula.
Previamente, la policía que estaba encargada de las demás agentes, la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín, abrió con una llave el candado “grande” con el que estaba asegurada la puerta de metal del aula donde estaban confinadas las niñas. Al salir del baño, la menor le comunicó que no había agua, por lo que se necesitaba “prender la bomba”, de manera que fue a la “única” a la que se permitió usar el servicio sanitario.
En ese instante, según indicó, “las chicas empiezan a ponerse mal y a golpear la puerta y las ventanas, por lo que la policía me dice que, si siguen así, no las van a sacar al baño porque se pueden amotinar nuevamente”. Pocos minutos después, “una policía grita fuego y en ese momento me quedé impactada y escuché una explosión y una llamarada que sale del aula de donde salen corriendo unas chicas”.
Así, Sánchez detalló que una de ellas tenía fuego en el cuerpo, por lo que ella le gritó que se tirara al suelo y rodara para quitarse las llamas, mientras que un compañero se quitó la chumpa para quitarle el fuego. A continuación, su encargada le pidió que fuera a por sábanas mojadas, por lo que se dirigió a la clínica para recoger unas sábanas y mojarlas. Cuando regresó al aula de la escuela, el fuego ya estaba apagado y le pidieron que pusiera las sábanas mojadas a las chicas que estaban en el corredor a quienes estaban colocando solución salina antes de que llegaran los bomberos para trasladarlas a los hospitales.
Preguntada por uno de los abogados querellantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos si era normal que en el Hogar Seguro se encerraran bajo llave a las niñas, niños y adolescentes, la psicóloga respondió que “no, que yo recordara nunca vi eso”.
Por su parte, Víctor Pérez, abogado el exjefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, planteó su “formal protesta” por las declaraciones de la testigo al considerar que existen “serias y severas incongruencias que imposibilitarán a la jueza darle valor probatorio para ser incluida como una declaración válida”. Fue más allá al indicar que si la jueza del Tribunal Séptimo Ingrid Vanessa Cifuentes “pudiera evidenciar la comisión de algún delito por parte de la testigo, certifique lo conducente donde corresponda”. Asimismo, Norma Medina, abogada de la exjefa del departamento de protección contra el maltrato en todas sus formas Brenda Chamán, se adhirió a la protesta “en el mismo sentido que habló Víctor Pérez”.
A continuación, declaró la educadora del área Mi Hogar del Hogar Seguro Aurora Elvira Teni Ramos, quien reveló que, al llegar a sus labores el 7 de marzo de 2017, la persona encargada de entregarle el turno, Cecilia Suret, le informó que tenían a las adolescentes en los dormitorios, dado que “algunas estaban inestables porque tenían plan de hacer bochinche”. Posteriormente, las llevaron a tomar su refacción, momento en el que algunas de ellas se subieron a los techos del área de la escuela, aproximadamente a las 11.00 horas, al tiempo que otras adolescentes comenzaron a hacer “relajo” dentro del comedor y se dirigen corriendo al área de San Gabriel, que acogía a los adolescentes varones de entre 13 y 17 años.
“Ya estaba el gran relajo arriba en los techos de la escuela y estaban tirando todo, por lo que entre más horas pasaban se ponía muy tensa la situación, ya que los jóvenes de San Gabriel se juntaron con las chicas de Mi Hogar y empezaron a tirar todo lo que había en su paso como palos y las puertas amenazando a las demás adolescentes que si no iban a apoyarlas, las iban a pegar, por lo que algunas estaban bien atemorizadas y desesperadas porque tenían miedo de lo que estaba sucediendo”, relató.
LAS EDUCADORAS SE NEGARON A ATENDER A LAS ADOLESCENTES
Teni Ramos, quien trabajó en el Hogar Seguro durante siete años, recordó que, después de que un grupo de adolescentes abandonara las instalaciones, los educadores se reunieron entre las 19.00 y las 20.00 horas para redactar un acta que ella firmó en el que decidieron que “no queríamos hacernos responsables de lo que podría suceder” si volvían a ingresar, dado que “sabíamos que si ingresaban, iban a hacer nuevamente relajos o provocar otras cosas que no estaban bien en cuanto a que ellas pudieran agredir a algunas adolescentes que estaban todavía dentro del Hogar”. “El acta se redactó con el objetivo de resguardarnos porque no teníamos respaldo de ninguna autoridad”, denunció.
La educadora reconoció que participó en esa reunión en la que también “estuvo presente” Brenda Chamán y en la que se hizo ver a las autoridades de la SBS, PGN y PDH sobre las medidas que se tenían que tomar. “De ahí se tomó la decisión de hacer esa acta”, explicó, al tiempo que reconoció, a preguntas del fiscal de Femicidio, Edgar Gómez, que tras recibir la “orden” de la coordinadora de Mi Hogar, Ofelia María Pérez Campos, participó en trasladar 22 colchonetas de los dormitorios al aula en la que fueron encerradas bajo llave las 56 niñas.
Cuestionada sobre si observó si en el interior del Hogar Seguro las adolescentes quedaron bajo resguardo de la PNC, respondió que sí, mientras que tras ser preguntada sobre si en otra oportunidad la Policía se había hecho cargo del resguardo de las adolescentes, contestó que “no”.
Por su parte, uno de los abogados querellantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos le preguntó si en los siete años en los que trabajó en el Hogar Seguro era normal que cuando sucediera algún hecho similar se ingresara a quienes habían participado en bochinches en un solo lugar como se encerró a las 56 niñas en el aula, a lo que Teni Ramos respondió con un rotundo “no”.
A preguntas de Luis Fernando Ruiz, abogado del subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja, aclaró que tenía una plaza de educadora en el Hogar Seguro, pese a contar únicamente con un Bachiller en Ciencias y Letras. Cuestionada sobre si esos estudios eran suficientes para ejercer como educadora, indicó que “como todos sabemos es Recursos Humanos el que contrata y son ellos los que deciden”.
Respecto a la labor que hacía en el Hogar, especificó que era “educadora o monitora” y se encargaba de “cuidar y velar por el bienestar de las adolescentes”. No obstante, precisó que, aunque se identificó como educadora ante la jueza, realmente en su expediente señalaba que era monitora, de modo que su función era “dar acompañamiento a las adolescentes para sus audiencias y velar por ellas cuando estaban dentro del Hogar”.
Por su parte, quien fuera la encargada administrativa financiera del Hogar Seguro, Ana Elizabeth Orrego, recordó que el 7 de marzo de 2017, alrededor de las 13.00 horas, escuchó las voces de varias adolescentes y advirtió al director del Hogar, Santos Torres, que la situación “se estaba saliendo de control”, por lo que él “empezó a hacer algunas llamadas, pero no sé a quién”. Asimismo, se dirigió a Brenda Chamán para sugerirle que llamara a las psicólogas, con el fin de que hablaran con las adolescentes de cara a calmar la situación, si bien le respondió que “no era ese su rol“ y le pidió que esperaran “algunos minutos”.
No obstante, el tiempo pasó y lejos de calmarse se volvió más tensa la situación, dado que, según recordó, las niñas se subieron a los techos, mientras que los adolescentes hombres se unieron con challes, palos y hierros enfrente del área Mi Hogar y “cada vez se hacía más grande el grupo”, hasta el punto de que “empezaron a abandonar el proceso” de protección subiéndose a las paredes y saliendo a la calle por el área del basurero.
“NUNCA VINO NINGUNA JUEZA”
A pesar de todo ello, lamentó que “nunca vino ninguna jueza” para resolver esta situación y ordenar el ingreso de las y los adolescentes al Hogar Seguro, a pesar de que “Carlos Rodas hizo varias llamadas para intentar que llegara”. Orrego indicó que “se esperaba que llegara alguien para controlar la situación”, razón por la cual llamó a la PDH para que verificara lo que estaba pasando.
Por ello, según relató, llegó la entonces defensora de la Niñez y Adolescencia de esa institución, Gloria Castro, quien “acordó junto a la entonces subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahy Keller, que era necesario que estuviera la Policía atendiendo la situación porque había educadoras que se habían quejado de agresiones por parte de los adolescentes”.
“Después llegó más tarde el entonces secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, con tres personas que eran de seguridad y un asesor y estaban en distintos momentos reuniéndose para tomar decisiones con respecto a qué se hacía con los adolescentes”, señaló, al tiempo que recordó que, finalmente, las autoridades hicieron un acta en la que constaban que “habían tomado la decisión de que ingresaran nuevamente al Hogar”.
Orrego, quien solo llevaba cinco meses trabajando en el Hogar Seguro, apuntó que los educadores “no querían” que ingresaran las y los adolescentes porque estaban “amenazándolos”, así como a quienes no se habían involucrado en el asunto “y a todos los que encontraban”.
Tras elaborar la citada acta, indicó que se decidió que ingresaran, para lo cual “Keller dio sugerencias de lugares donde se podían quedar las adolescentes y dijo que al final entre todos decidieron que se quedaran en el auditorio los hombres y en un aula de la escuela las mujeres”. Así, explicó que como el aula tenía escritorios empezaron a desocuparla y “Chamán se hizo cargo de colocar unas colchonetas que no sé de dónde las sacaron o cuántas eran, pero ella estuvo a cargo de esa parte”.
En cuanto a la selección del aula y el auditorio donde iban a pernoctar las y los adolescentes respectivamente, recordó que “Keller iba con Chamán para seleccionar los lugares”. Orrego reconoció que sí pudo observar ambos lugares, de manera que describió el auditorio como un espacio “bastante amplio”, donde encerraron a 43 niños, mientras que el aula donde confinaron a las 56 niñas era “relativamente pequeña”.
Preguntada por el abogado de la Fundación Sobrevivientes Carlos Quiej sobre quiénes más tomaron la decisión de encerrarles en esos espacios, concretó que todos los que firmaron el acta, refiriéndose entre otros al exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, el exprocurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres. “Eran cinco y de ellos sí me recuerdo muy bien”, recalcó.
Posteriormente, detalló que a las 02.45 horas del 9 de marzo fueron ingresando a las y los adolescentes en grupos de tres, de modo que las agentes mujeres de la PNC revisaban a las adolescentes y los hombres a los varones antes de introducirlos en el aula de la escuela y el auditorio, respectivamente.
Orrego desveló que ella se fue del Hogar Seguro a las 02.50 horas cuando ya habían ingresado a todos los adolescentes, de modo que regresó a las 08.30 horas cuando ingresó en su oficina antes de ir a ver qué estaba pasando con las adolescentes que se habían quedado en el aula. “Cuando salí de mi oficina vi que había humo en esa área y llamé a los bomberos que me dijeron que estaban en un funeral, por lo que seguí caminando para ver qué estaba pasando y en ese momento el encargado de archivos me dijo que había muertas”, rememoró.
LAS NIÑAS RECLAMABAN DERECHOS POR EL DÍA DE LA MUJER
Inmediatamente, Orrego dijo que se dirigió corriendo al aula para ver qué podía hacer y se puso a ayudar para intentar rescatar a las adolescentes que estaban quemadas y llevar a las heridas a la ambulancia. Preguntada por el fiscal si el Hogar Seguro contaba con algún tipo de seguridad interna, Orrego reveló que dos días antes de la tragedia, la SBS, junto al director del Hogar Seguro habían decidido ya no continuar con el servicio de seguridad que prestaba una empresa privada.
Cuestionada por las reclamaciones que hacían las adolescentes el 7 de marzo, apuntó que “era algo relacionado con el Día de la Mujer, que se celebraba el 8 de marzo y estaban reclamando derechos en general”.
A preguntas del abogado de Flores, Víctor Pérez, Orrego admitió que su puesto de trabajo también asumía las funciones de subdirectora del Hogar Seguro, si bien insistió en que, ante la presencia de Santos Torres, él tenía la autoridad sobre los trabajadores. “Yo estaba a cargo de las ocho áreas del Hogar, como el personal de seguridad interna, servicios generales y la bodega y en ese momento di instrucciones al personal para que pudiera intervenir de alguna manera ante la crisis que estaba pasando y llamé a los bomberos, pero las decisiones a otro nivel como decidir el lugar donde ubicarían a las adolescentes no me correspondían”, matizó.
Concretamente, cuando vio que los adolescentes llegaban con “challes, palos y hierros”, se dirigió hacia los dos trabajadores de la seguridad interna del Hogar Seguro para saber “qué podíamos hacer” y uno de ellos respondió que “nada”, por lo que Orrego optó por alejarse porque “qué puedo hacer ante una respuesta de esa naturaleza cuando todos estábamos en riesgo, ya que no era fácil detenerlos y enfrentarlos”.
Por otra parte, incidió en que ella no participó en la reunión de las autoridades celebrada a las 22.00 horas, sino que se mantuvo a “200 o 300 metros” del lugar donde mantuvieron el encuentro junto al portón en el exterior del Hogar y donde decidieron redactar la citada acta. A esa distancia, según dijo, pudo escuchar que “en distintos momentos hablaban de la decisión que había que tomar con las y los adolescentes que habían abandonado el proceso y si ingresaban o no porque estaban violentos y no había juez”.
Ante esta declaración, Víctor Pérez presentó su “formal y enérgica protesta” al considerar que es “difícil que Orrego pudiera escuchar conversaciones a 300 metros y que distinguiera a esa distancia las personas que estaban reunidas. “La declaración consta de varias falencias que la jueza deberá analizar para determinar si es posible o no darle valor probatorio en el presente debate”, sostuvo.
Por su parte, la encargada de pedagogía del Hogar Seguro Susan Gloriana Salazar relató que el 7 de marzo, estaban reunidos los maestros almorzando en el área de la escuela esperando a los niños y niñas de los hogares de Elisa Martínez y Princesas. En ese momento, escucharon gritos y carreras de adolescentes mujeres por lo que salió para ver lo que estaba ocurriendo y es cuando vio que las jóvenes estaban “alteradas e inquietas tratando de subir al edificio de la escuela que estaba pegado al hogar San Gabriel”.
“Las adolescentes empezaron a subirse por el techo y gritaban que se iban a fugar porque estaban aburridas de estar ahí y que era mejor estar en la calle, incitando a los varones de San Gabriel diciéndoles que se fueran y que no estuvieran dentro del hogar”, indicó Salazar, quien detalló que esa situación se prolongó durante dos horas, de modo que alrededor de las 15.00 horas “la encargada de recursos Humanos nos empieza a dar las instrucciones de que el personal administrativo nos podíamos retirar para evitar cualquier situación, pero que se tenía que quedar el personal masculino para cualquier eventualidad que se presentara”.
Cuando estaba saliendo del área de la escuela, explicó que alrededor de 20 adolescentes estaban corriendo por todo el hogar, algunos subidos en el techo “utilizando un vocabulario obsceno hacia nosotros indicándonos que nos iban a matar y que no nos iban a dejar salir de donde estábamos porque se las teníamos que pagar”. A las 16.00 horas, logró salir del Hogar Seguro y solo se enteró por las noticias que las y los adolescentes se habían fugado, pero que ya tenían un grupo de ellos fuera del Hogar Seguro.
UN CANDADO Y DOS LLAVES
El 8 de marzo, se presentó a sus labores a las 07.30 horas y al entrar se percató que había un grupo “bastante fuerte de PNC platicando con las personas que estaban en la puerta y un compañero me dijo que dentro de la escuela hay un grupo de adolescentes mujeres que están en uno de los salones”. Concretamente, detalló que la escuela estaba compuesta por 10 salones, cinco de un lado y cinco de otro y en la última aula de clases era donde estaban las adolescentes”.
Salazar informó que esa aula “se mantenía cerrada con candado porque no tenía chapa y cuando terminaban las clases se cerraba automáticamente, dado que ahí estaba todo el material de la maestra, como crayones, lápices y cuadernos”. Según desveló, la persona que tenía la llave del candado era el encargado de transportes del Hogar Seguro, Sergio Mayorga, quien en su día había comprado el candado, dado que impartía un taller de música en el aula y era donde guardaba los instrumentos.
De esta manera, explicó que cuando se decide encerrar a las 56 niñas en esa aula, una psicóloga le explicó que el propio Mayorga abrió el candado porque no quería que se arruinara “y no sé si él dejó la llave o no”, teniendo en cuenta que en su día había dejado una segunda llave del candado en el área de pedagogía. Preguntada por la capacidad que tenía el aula, aseveró que “como máximo tenía 15 adolescentes” que recibían clases de sexto primaria y segunda etapa de básicos.
Una vez que se enteró que había 56 niñas encerradas en un aula, consideró que se necesitaba tener a mano el listado y toda la documentación de las mismas, por lo que los maestros le informan que en sus salones de clases tienen los listados de sus alumnas en los lockers. Una de ellas salió a preguntar a la policía si podía ir a buscar sus documentos y le responden que sí, pero una a una, de modo que se dirigió al aula donde estaban confinadas las 56 niñas, dado que allí tenía sus listados. Según le contó la maestra, lejos de mostrar una actitud violenta, las adolescentes la saludaron y abrazaron al verla entrar al salón.
LA PNC “TOTALMENTE DESAPARECIDA” DURANTE EL INCENDIO
En los siguientes minutos en los que otra maestra iba a ir a su aula “nos dicen que ya no podemos salir de la oficina y empezamos a escuchar gritos porque las chicas querían salir al baño, por lo que ya no nos permitieron llegar los maestros a sus demás salones”. De repente, según recordó, una de las maestras comenzó a gritar que había humo “y ahí nos damos cuenta que las chicas se están quemando, mientras que las policías estaban haciendo un cambio de turno y cuando empezó el humo ya no se vio a ningún elemento de la PNC”, por lo que lamentó que la Policía estuvo “totalmente desaparecida” cuando comienza el incendio, debido que “ningún elemento estaba apoyando”.
En el momento del incendio, Salazar, quien desde el 2016 era la encargada de pedagogía del Hogar Seguro, vio que las educadoras empezaban a correr y a moverse de un lado para otro, de manera que ella sacó dos extinguidores del área de pedagogía “y nos volvimos a encerrar porque las instrucciones de un educador eran que no saliéramos del área donde estábamos”. A preguntas del fiscal, reveló que los bomberos se hicieron presentes “15 minutos después de la tragedia y durante ese tiempo fueron los compañeros del Hogar los que se dedicaron a apagar las llamas”.
A preguntas de la abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, recordó que el 7 de marzo, una de las adolescentes se cayó del techo del taller de mecánica, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital San Juan de Dios. “El 8 de marzo me enteré que no le había pasado mayor cosa y al regresar al Hogar Seguro se la había vuelto a meter en el grupo de chicas que estaban haciendo los disturbios y ella también estaba dentro del aula”, concluyó.
