POR MARIELA CASTAÑÓN

IMÁGENES: MARIELA CASTAÑÓN, MOVIR Y COFAPPES

Desde que entró en vigencia el régimen de excepción que implementó el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, en marzo de 2022 hasta la fecha, más de 76 mil personas han sido detenidas y más de doscientas han muerto en las prisiones salvadoreñas, lo que alarma a movimientos sociales, que cuestionan la reelección de ese jefe de Estado, este 4 de febrero.

Son las 8:30 de la mañana, en el Centro de Detención Menor La Esperanza, Mariona.  Decenas de personas, principalmente mujeres, compran insumos de consumo básico en la vía pública: papel higiénico, cereal y galletas, que colocan dentro de una bolsa plástica transparente identificada por nombre.  En la puerta principal entregan la encomienda a los policías, que al percatarse de la presencia de periodistas inmediatamente los retira de ese lugar.

Una mujer de la tercera edad cuenta brevemente que cada tres meses lleva una bolsa con productos a su familiar, quien fue detenido en junio del año pasado y que no ha visto desde entonces.  Para esta mujer y para otras existen dudas sí sus parientes continúan con vida, o sí fueron trasladados a otro penal, ya que en este régimen la información es escasa y “no hay derechos humanos”.

Samuel Ramírez, es fundador y coordinador del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), el cual surgió, según sus palabras, por “la violación a derechos humanos, capturas arbitrarias y falta de información”.  Agrega que pueden existir más de doscientas personas muertas en las prisiones por las consecuencias del hacinamiento, la falta de higiene, de acceso a la salud y la contaminación del agua; lo preocupante, es que las familias se enteran de estos fallecimientos meses después y no por las autoridades, sino por las funerarias, expresa.

Ivania Cruz, vocera y representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticas de El Salvador (Cofappes), quien junto a Ramírez, participó el pasado viernes en una manifestación para exigir a las autoridades que abran los expedientes de personas fallecidas en los centros penales, explica que no existen informes gubernamentales sobre detenidos y muertos, los datos se han recopilado por declaraciones públicas de funcionarios y por organizaciones sociales.

VÍCTIMAS MORTALES

El informe de la organización no gubernamental Cristosal, “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”, publicado en mayo de 2023, describió que este régimen es, “una medida de seguridad basada en la represión: capturas masivas sin investigación previa y violación sistemática y continua de los derechos fundamentales de las personas detenidas y de sus familiares”.

Entre marzo de 2022 a septiembre de 2023, Cristosal también documentó 5,775 víctimas de “graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado salvadoreño”, entre estas, detención ilegal/arbitraria, falta al debido proceso, allanamiento de morada, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura; amenazas en contra del derecho a la libertad, entre otros.

RAMÍREZ: “NO VEMOS NINGUNA SALIDA”

Ramírez, quien ha acompañado a los familiares de los detenidos del régimen, no es optimista sobre el futuro de El Salvador y la reelección de Bukele, porque cree que la situación empeorará.

“No esperamos nada nuevo, las cosas siguen igual o peor, no le importan los derechos humanos”.  “No le vemos ninguna salida a este país”, describe el fundador de Movir.

De acuerdo con una medición de la Universidad Centroamericana (UCA), el oficialismo cuenta con una intención de voto del 82%, pero la imagen de popularidad, según Ramírez y Cruz ha sido construida con fondos del Estado y en un contexto de competencia “desigual” para otros candidatos, que no han tenido acceso a los mismos recursos para promover sus campañas.

Por su parte el informe de Cristosal consigna que “La aplicación de este régimen ha sido acompañada de una intensa campaña publicitaria extendida a nivel nacional e internacional que promueve la imagen del presidente Nayib Bukele a partir de la denominada guerra contra las pandillas, el supuesto desmontaje de estas estructuras y la disminución de los homicidios en el país”.

CRUZ: MAYOR PARTICIPACIÓN SIN FRAUDE

Cruz, la vocera del Cofappes, es más optimista que Ramírez, cree que a mayor participación ciudadana en las elecciones y sin fraude, es posible que vuelva la democracia y el Estado de Derecho en su país.

La entrevistada explica que desde que surgió el Comité que dirige, en agosto de 2021, no se han opuesto a que una persona enfrente un proceso legal, toda vez existan garantías y derechos, pero en la actualidad esto no se aplica porque las instituciones que deben velar por el debido proceso son afines al gobierno de Bukele.  Por otro lado, no se cumplen las libertades condicionales otorgadas, como ha ocurrido en el caso del exministro de Justicia, Mauricio Ramírez.

“Exfuncionarios del gobierno anterior fueron capturados sin orden judicial, fueron llevados de forma engañada a decir que iban a declarar en una delegación y estando en la delegación les dan el documento de la captura e imposibilitan que sus abogados puedan tener acceso”, refiere Cruz.

Faltan pocas horas para las elecciones en El Salvador, un país que según Amnistía Internacional registra una población carcelaria que supera las 100 mil personas, «lo cual lo coloca como el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad en el mundo».