La sociedad argentina, de acuerdo con una encuesta de la organización feminista Católica por el Derecho a Decidir, realizada en 2021, se considera mayormente creyente. Estas creencias atraviesan espacios claves como la salud y la educación.
Esta es una investigación colaborativa realizada por Stanley Luna desde Argentina, Lourdes Ramírez y Daisy Bonilla de En Alta Voz, Honduras, Nancy Hernández, de Gato Encerrado, El Salvador; Mariela Castañón de Nuestras Historias, Guatemala.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas. IWMF.ORG
A las 8 de la mañana del 3 de septiembre de 2021, la policía irrumpió en el hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, una ciudad de la provincia argentina norteña de Salta, para detener frente a las personas presentes a la médica Miranda Ruiz.
Desde días antes de su captura, como contara Ruíz después a los medios de comunicación, un periódico salteño la había difamado de haber realizado un aborto sin consentimiento. Pero lo que terminó en su captura fue la denuncia en su contra por parte de un familiar de la joven atendida.
El aborto que Ruíz asistió fue bajo el consentimiento de la usuaria y siguió el protocolo de actuación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Aborto (ILE): la atención de un grupo interdisciplinario y también la aprobación de la dirección del hospital.
La médica fue sobreseída un año después, cuando en 23 de septiembre y tras resolver un recurso de nulidad presentado por su equipo legal, la Sala I del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta confirmó que había actuado legalmente.
La ILE todavía no cumplía un año de vigencia cuando Ruíz fue procesada. Fue un proyecto que durante casi dos décadas trabajaron las organizaciones feministas de toda la Argentina. En 2018, logró la aprobación de los diputados, pero no los votos suficientes en la Cámara del Senado para convertirse en ley.
Su debate se retomó en diciembre de 2020, en plena pandemia del COVID-19, cuando el proyecto fue aprobado la madrugada del día 30. La sanción de esta ley, la 27.610, vino el 14 de enero del año siguiente.
La ILE regula la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14. Después de este periodo, el aborto se puede realizar bajo dos causales de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): cuando el embarazo sea por una violación y cuando ponga en riesgo la vida de la gestante.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2021, en las 23 provincias de la Argentina, se realizaron 73,487 interrupciones de embarazos en los centros de salud; mientras que entre enero y septiembre de 2022, 59,267.
Son datos que antes no se sistematizaban, porque el aborto era clandestino.
Marcha Pro Vida
El catolicismo argentino
El catolicismo en Argentina no se mide porque tiene un Papa. La Constitución, cuya última reforma es de 1994, contempla que el gobierno federal sostiene un “culto católico apostólico romano”. Lo cual se traduce, anualmente, en que el Estado destina un porcentaje del presupuesto nacional para pagar el salario de arzobispos y obispos.
La Ley 21.950 establece que estos deben percibir el 70 % equivalente al salario de un Juez Nacional de Primera Instancia. Si el salario de un juez de esta categoría es de 1,900 dólares, el salario mensual de los arzobispos y obispos pagados con fondos públicos alcanza los 1,300 dólares.
Una encuesta realizada en 2021 por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) dice que el 84.7 % de la sociedad argentina es creyente y que el 60 % se siente representado por el catolicismo.
CCD es un referente del activismo feminista en Argentina. En el 2003, en el Encuentro Nacional de Mujeres- un encuentro que realiza desde 1986 y que hoy se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries- sus organizadoras llevaron los primeros pañuelos verdes que, basados en los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, luego se convertirían en un símbolo del feminismo mundial.
Fue en estos encuentros que, en 2005, inició la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde comenzaron las estrategias para la legalización del aborto en Argentina y donde también las integrantes de CDD argumentaron que se puede ser católica y feminista al mismo tiempo.
Así lo recuerda Mónica Menini, abogada feminista y coordinadora del área de cabildeo de la organización: “Nosotras desarrollamos muy buenos argumentos que le hicieron muy bien a la campaña y al feminismo en Argentina, sobre que, sí podemos ser católicas y feministas, que sí podemos ser católicas y estar a favor de la autonomía de las mujeres, a favor de la ampliación de los derechos humanos. Y que es parte del catolicismo – no que somos las locas dentro del catolicismo- y es parte del cristianismo”.
El logro de la campaña fue la aprobación de la Ley 27.610, pero el trabajo de las organizaciones feministas continúa con el monitoreo de su cumplimiento y la organización social en un país en el que, territorialmente, cabe cuatro veces Centroamérica.
Menini no descarta que, el conservadurismo religioso sigue en los lugares donde se dictan las leyes, pero advierte que es necesario separar a las iglesias de las decisiones del Estado.
“El Estado y la iglesia son dos aparatos muy fuertes, en términos ideológicos, para construir representaciones”, dice Victoria Pedrido, comunicadora y responsable del área de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR), la extensión del Ministerio de Salud de la Nación que rige la IVE/ILE.
Pedrido, además, es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y ha estudiado la retórica de los grupos fundamentalistas.
Ella señala que las personas fundamentalistas tienen poder económico y permean en los espacios de poder; abogando siempre por temas como la familia, la nación, la vida y los valores. Su discurso, cargado de referencias bajo las cuales todas las personas crecieron, cala en las juventudes que están cansadas de la política.
Se asocian también con las iglesias, porque donde “no llega el Estado, llegan las iglesias”, continúa Pedrido. Pero con su retórica pretenden volver a una especie de “civilización”, que, en su momento, fue desestabilizada por los movimientos feministas y de las disidencias sexuales, que buscaron la transformación social con políticas públicas.
De esta forma disputarán por ganar espacios en los sectores de educación y salud. En educación, explica la especialista, porque están en discusión temas como la educación integral, la violencia de género y las identidades; mientras que en el sector de salud están los temas de la autonomía del cuerpo, las identidades trans, migrantes y el trabajo sexual.
En 2006, Argentina aprobó la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que obliga a todas las escuelas a incorporar en sus programas de estudio contenidos relacionados con la educación sexual. En los últimos dos años también se han incorporado contenidos sobre la IVE/ILE.
En cuanto a acceso a otros derechos, el país fue el primero en América Latina que, en 2010, aprobó el matrimonio igualitario; es de los pocos Estados en la región en tener una Ley de Identidad de Género y donde cualquier persona, sin importar la nacionalidad, puede establecerse y acceder a los servicios públicos.
Hay leyes y políticas públicas, pero su implementación también es paralela al crecimiento de los fundamentalismos.
“Los discursos fundamentalistas, en general, en contra de personas trans, sí han recrudecido en el último tiempo, en los últimos años. Vienen creciendo y es algo que nos preocupa en general. Estos discursos biologicistas en los medios de comunicación, incluso en la política”, asegura María Rachid, exlegisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, la capital de Argentina) y directiva de la Federación Argentina LGBT.
Rachid ejemplifica este crecimiento en el día a día: el sistema de salud sigue invisibilizando en sus registros a las identidades trans. También trae a cuenta que, el año pasado, el gobierno de CABA, prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas y en los materiales de uso escolar.
A esto hay que sumar que en los dos años de vigencia de la Ley 27.610, ha habido 37 demandas de inconstitucionalidad contra la IVE/ILE. De estas, 26 ya fueron rechazadas, cuatro archivadas y siete esperan resolución judicial.
“Los fundamentalistas van a estar muy interesados en ocupar las carteras de Educación y de Salud, porque ahí es donde se juegan, sobre todo, creo, los avances más fuertes de transformación en materia de igualación de derechos de las últimas décadas en América Latina”, recalca Pedrido.
Néstor Mercado, vocero de la organización “Con mis hijos no te metas”, es uno de los que presidió la marcha que organizaciones que se autodenominan pro vida realizaron este 25 de marzo en CABA y en la que sus asistentes rezaban rosarios, protestaban contra la aprobación de la IVE/ILE, el feminismo y la diversidad sexual.
Mercado dice que con estas acciones buscan derogar la “ideología de género” que, según él, es una herramienta para borrar la identidad de las personas, destruir a las familias y adoctrinar a los niños desde la escuela. Y que la utilizan los políticos y los medios de comunicación a su favor.
“Esta es una utilización de las tribus originarias, de los homosexuales, de las mujeres, para destruir la identidad nacional, para destruir los pueblos”, alega.
Objeción de conciencia
Hasta diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación contabilizó 1,443 centros de salud y hospitales públicos que aplican la IVE/ILE en todo el país. Los métodos usados para abortar son los medicamentos misoprostol, la combinación de misoprostol con mifepristona. Si hay problemas de salud de la persona gestante o hay un aborto incompleto, se usa la aspiración manual endouterina.
Los dos métodos pueden aplicarse sin que las pacientes permanezcan internas y estas tienen el derecho a que el sistema de salud les brinde un servicio post aborto. Todas las interrupciones del embarazo son realizadas con consentimiento de las usuarias.
La Ley 27.610 permite al personal de salud negarse a realizar un aborto, mientras el embarazo no entre en las causales de IVE. Esta negación es personal, pero a veces tiende a ser grupal en los centros de salud.
“Hay prácticas que vuelven a la objeción institucional”, apunta Ruth Zurbriggen, activista, investigadora feminista y parte de Socorristas en Red, una articulación de colectivas que orienta y acompaña a las mujeres que quieren realizarse un aborto.
Cuando habla de objeción institucional, la activista se refiere a que a veces hay personal de salud que obstruyen el acceso a médico para que una persona gestante pueda realizarse un aborto. Otros centros de salud simplemente no garantizan este derecho.
Desde CDD, Menini recuerda que la objeción de conciencia fue uno de los mayores obstáculos para la aplicación de la IVE/ ILE en provincias norteñas como Salta, donde fue detenida la médica Ruíz; y Tucumán.
Ante el rechazo de la aplicación de la ley por el personal de salud, cuenta, tuvieron que charlar con los ministros de Salud provinciales y gerentes de hospitales. Con estas conversaciones lograron que la dirección de los hospitales solicitara por uno, o dos días a la semana o cada 10 días, la visita de personal médico que no objetara un aborto. Esto y la divulgación de información sobre el aborto legal y ambulatorio hasta las 14 semanas, permitió ampliar el servicio.
Pedrido, de la DNSSR, confirma que la objeción de conciencia aún está presente. “Pueden no declararse objetores, pero si obstruyen el cumplimiento de ley, es lo mismo”, dice.
Para muestra: la 0800 222 3444, una línea gratuita sobre salud sexual y reproductiva, que brinda, entre otros servicios, información sobre métodos anticonceptivos y acceso a la interrupción del embarazo, recibió entre enero de 2021 y octubre de 2022, 32 mil llamadas solicitando información de acceso y atención a la ILE /IVE.
En el 16 % de estas llamadas, la DNSSR tuvo que alertar a diferentes centros de salud sobre el incumplimiento del personal de dar la información necesaria para las usuarias.
La apuesta de la dirección, precisa Pedrido, es articular esfuerzos entre el personal de salud con la sociedad civil y trabajar, para ganar respaldo en la aplicación de la ley; y en apoyar a los médicos que sí quieren garantizar abortos más que en aquellos que no.
El trabajo que no cumple el Estado, lo intentan asumir las organizaciones sociales con sus pocos recursos. Socorristas en Red dispone de una línea atendida por las 50 colectivas distribuidas en toda la Argentina. En diciembre del año pasado, cuatro de las socorristas fueron detenidas en Viña María, en la provincia de Córdoba, y acusadas del ejercicio ilegal de la medicina. También fue detenida una médica.
El caso aún está en investigación, pero Zurbriggen aclara que siguen haciendo lo que ya hacían antes de la aprobación de la Ley 27.610: “Nosotras no practicamos abortos, damos información y dar información en absolutamente legal y legítimo, además”.
Un país desigual
El 4 de agosto de 2019, el médico Leandro Rodríguez Lastra fue condenado a un año y dos meses de prisión y también quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos durante dos años por negarse a realizar un aborto a una joven de 19 años que había sido violada en 2017, en la provincia de Río Negro, al sur de Argentina. En octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena.
Cuando los hechos sucedieron, todavía no estaba en vigencia la IVE/ILE, pero el Código Penal argentino, de 1921, ya contemplaba el artículo 86 las causales de aborto cuando el embarazo fuera por una violación o pusiera en peligro a la mujer gestante.
Sin embargo, Rodríguez Lastra, valiéndose de su cargo en el hospital Dr. Pedro Moguillansky, en la ciudad de Cipotelli, hizo algo ilegal: pidió un informe psiquiátrico de la paciente. Y, pese a esta dilación del proceso, el aborto nunca llegó.
Bajo estas causales que el médico no respetó, durante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y con el crecimiento de la marea verde- como se la llama a la movilización feminista- entre 2015 y 2018, se logró que el Ministerio de Salud de la Nación elaborara los Protocolos de Atención para el Acceso al Aborto Legal, cuenta la activista Zurbriggen.
Esto fue un impulso para la aprobación de la IVE/ILE y, a su juicio, el texto actual retoma la base de las causales del Código Penal.
Antes de la aprobación de la ley, de acuerdo con Zurbriggen, a falta de un registro oficial, las organizaciones llevaban sub registros en los cuales se estimaba que había un aproximado de 360,000 abortos clandestinos por año.
A diferencia de otros países, como los centroamericanos, la activista señala que para entonces no hubo criminalización ni persecución para las personas que abortaban clandestinamente, tampoco para quienes asistían estos abortos.
En 2020, el año en el que se aprobó la Ley 27.610, el Proyecto Mirar, una iniciativa independiente que monitorea la implementación IVE/ILE, detalla que 7 de cada 10 adolescentes gestantes y que fueron atendidas en hospitales públicos, tuvieron un embarazo no intencional; y que 6 de cada 10 que tuvieron sus partos en hospitales públicos tuvieron un embarazo no planificado.
Los datos también indican que la provincia de Tierra de Fuego, la última provincia hacia el Sur en Argentina, encabezó, entre 2018 y 2020, la muerte de personas gestantes por causas obstétricas.
Ya con la ley andando, Pedrido, de la DNSSR, dice que las provincias de la Patagonia han sido de las más resistentes en garantizar el aborto.
Zurbriggen habla también de dilaciones en el proceso para interrumpir embarazos. Según la ley, este debe asistirse, como máximo, 10 días después de que las usuarias acuden al sistema de salud.
Las dificultades para acceder al derecho están atravesadas por la extensión de Argentina, su diversidad territorial y la distribución de los servicios. La abogada Menini cuenta que CDD trabaja con comunidades rurales e indígenas al norte de Argentina en las que a las mujeres no solo les falta acceder al aborto, sino a la salud, en general, y a servicios básicos como el agua.
Esta realidad, mezclada con los fundamentalismos religiosos, plantea un camino cuesta arriba. Pero Menini concluye: “Siempre decimos: ellos crecen, pero nosotras también”.
Esta es una investigación colaborativa realizada por Stanley Luna desde Argentina, Lourdes Ramírez y Daisy Bonilla de En Alta Voz, Honduras, Nancy Hernández, de Gato Encerrado, El Salvador; Mariela Castañón de Nuestras Historias, Guatemala.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas. IWMF.ORG
